NewzEl sector del aceite de oliva afronta semanas decisivas. Las cooperativas alertan de que la caída de los precios en origen y el bloqueo de las compraventas están poniendo en peligro los ingresos de los agricultores, mientras el Ministerio de Agricultura mantiene pendiente la activación de un mecanismo para retirar temporalmente parte de la producción. Consideran que la intervención debería haberse puesto en marcha al comienzo de la campaña para evitar un deterioro mayor de las cotizaciones.La reclamación la ha encabezado Rafael Sánchez de Puerta, presidente del sector de Aceite de Oliva de Cooperativas Agro-alimentarias de España y director general de Dcoop.
Durante las jornadas técnicas nacionales celebradas este miércoles en Ciudad Real, el responsable ha expresado su malestar por la falta de avances, pese a que el ministro de Agricultura, Luis Planas, había anunciado que se daban las condiciones necesarias para activar la norma de comercialización.“No entendemos el retraso, la verdad”, ha lamentado Sánchez de Puerta, en declaraciones recogidas por Europa Press, que considera que esperar a disponer de nuevas previsiones de producción ha perjudicado al sector. Agricultura planteó aguardar hasta noviembre para confirmar el volumen de la cosecha, pero las cooperativas defienden que la decisión debía haberse tomado antes, cuando empezaba la campaña.Un mecanismo para frenar la caída de los preciosLa herramienta que reclama el sector está contemplada en la normativa comunitaria y permite regular temporalmente la oferta cuando existen desequilibrios en el mercado. Su aplicación facilitaría la inmovilización de una parte del aceite producido para reducir la presión de la oferta y favorecer una evolución más estable de las cotizaciones.“Creíamos que era mucho mejor haberlo hecho en octubre cuando empezaba la campaña”, ha señalado el representante de Dcoop.
A su juicio, anticipar la medida habría contribuido a contener el descenso de los precios en origen en un momento especialmente delicado para los productores.El retraso llega, además, cuando las expectativas de una cosecha abundante están condicionando las decisiones de compra. Los operadores temen que el aceite continúe abaratándose y aplazan sus operaciones a la espera de mejores condiciones, una dinámica que agrava la falta de actividad comercial.El mercado se paraliza ante las expectativas de nuevas bajadasS… Madrid, 21 oct (EFE).- Decenas de abogados laboralistas se han concentrado este miércoles ante la sede de la Sección de lo Social de los Tribunales de Instancia de Madrid para reclamar soluciones urgentes ante la falta de personal y los retrasos judiciales que afectan a los procedimientos de esta jurisdicción.
Bajo el lema 'Justicia social efectiva y sin dilaciones', esta concentración, que ha congregado a varias decenas de letrados, ha sido convocada por la Asociación Libre de la Abogacía (ALA) para denunciar los prolongados tiempos de tramitación, la existencia de plazas vacantes sin cubrir y la insuficiencia de los mecanismos de refuerzo. Durante la protesta, el abogado y miembro de ALA Pedro Jesús Martínez ha explicado que se están registrando "retrasos que sitúan la celebración de juicios ya en el año 2030 en algunos casos", y mayoritariamente en 2029.Unos juicios que generalmente, ha señalado, son para percibir una indemnización o de carácter laboral y que requieren de una urgencia porque quienes sufren las consecuencias de los retrasos dependen de lo que se resuelva.Asimismo, ha denunciado que los plazos para dictar sentencias se demoran "entre seis, ocho y diez meses desde la celebración de la vista", lo que repercute gravemente en demandas por despidos, incapacidades permanentes o derechos fundamentales para la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre las principales demandas de la organización se encuentra la necesidad prioritaria de cubrir las entre "80 y 90 plazas vacantes" que existen actualmente en los órganos de la jurisdicción social de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, han reclamado un incremento del número de jueces, letrados de la Administración de Justicia y funcionarios, advirtiendo de que la reciente incorporación de 25 trabajadores sin experiencia previa no soluciona la falta estructural de personal. Por su parte, varios manifestantes han señalado una "resistencia" por parte de la judicatura para acelerar estos procedimientos cuya demora "atenta contra la propia vida". En este sentido, Blanca, una de las manifestantes y abogada laboralista desde 1977, ha criticado la existencia de "un interés político" y la falta de compromiso en acortar los plazos.En la misma línea, Eloy, otro letrado y manifestante, ha remarcado que este colapso "castiga directamente la economía de los trabajadores en materias de salarios y desempleo".
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