La Agrupación española de vendedores al por menor de carburantes y combustibles (Aevecar) ha pedido al Gobierno que se mantengan las bonificaciones fiscales para hacer frente al encarecimiento de los combustibles, así como una rebaja transitoria del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH), con el fin de evitar un aumento "significativo" en los precios.En concreto, ha planteado formalmente al Ministerio de Economía la necesidad de implementar bonificaciones fiscales que ayuden a mitigar el impacto que la escalada de los precios internacionales está generando sobre el precio de venta al público, ya que considera que el encarecimiento de gasolinas y gasóleos está afectando al poder adquisitivo de los consumidores y a la "competitividad general" de la economía nacional.La agrupación señala que el precio del crudo Brent ha mantenido una tendencia alcista sostenida en los mercados internacionales, pero avisa de que "el verdadero problema" reside en los derivados refinados como la gasolina y el gasóleo, pues sus costes "se han disparado con una presión inusual", especialmente en el caso del segundo, que ha alcanzado niveles "históricos".Así, advierte de que, si el Gobierno no actúa antes del 1 de octubre, se producirá un incremento "significativo" en el PVP. En específico, estima que la gasolina tendrá un aumento estimado de 6,05 céntimos por litro --resultado de la suma de cinco céntimos anunciados más el IVA--, mientras que el gasóleo podría subir hasta 24,20 céntimos por litro, incorporando un incremento bruto de 20 céntimos más IVA."Estos ajustes no solo suponen un golpe directo al consumidor final, sino que ponen en riesgo la supervivencia de un amplio tejido empresarial cuyo modelo depende de márgenes ajustados", afirma Aevecar, que añade que dicha subida podría tener "efectos nocivos en la competitividad de la economía española en un contexto global desafiante".Por ello, solicita la reactivación "urgente" de las herramientas fiscales que tuvieron efecto entre marzo y junio en un momento de "alta volatilidad y precios elevados", acompañada de "medidas adicionales" que se pudieran implementar, así como una rebaja transitoria del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH).Estas medidas, que "ya demostraron su eficacia meses atrás", defiende, buscarían proteger tanto a los usuarios como a las estaciones de servicio.Finalmente, el presidente de Aeve… Madrid, 23 sep (EFE).- La Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Aevecar, pide al Gobierno que implemente bonificaciones fiscales en los carburantes que ayuden a mitigar el impacto que la escalada de precios internacionales está generando sobre el precio de venta al público.
Según ha comunicado este miércoles, Aevecar considera que este encarecimiento de gasolinas y gasóleos está afectando al poder adquisitivo de los consumidores y a la competitividad general de la economía nacional. Aevecar advierte de que si el Gobierno no toma medidas antes del 1 de octubre, la gasolina subirá 6,05 céntimos por litro, como resultado de la suma de 5 céntimos anunciados más el IVA, mientras que el gasóleo, por su parte, podría subir hasta 24,20 céntimos por litro, incorporando un incremento bruto de 20 céntimos más IVA. Estos ajustes, según la agrupación, no solo suponen un golpe directo al consumidor final, sino que ponen en riesgo la supervivencia del tejido empresarial cuyo modelo depende de márgenes ajustados.
Además, la organización advierte de que esta subida podría tener efectos nocivos en la competitividad de la economía española en un contexto global desafiante.Frente a esta situación, Aevecar solicita la reactivación urgente de las herramientas fiscales que tuvieron efecto entre marzo y junio en un momento de alta volatilidad y precios elevados, acompañada de medidas adicionales que se pudieran implementar.Además, la organización pide una rebaja transitoria del Impuesto Especial sobre los Hidrocarburos (IEH), que influye directamente en el precio final al consumidor. Estas medidas, señala Aevecar, que ya demostraron su eficacia meses atrás, buscan proteger tanto a los usuarios como a las estaciones de servicio que forman parte fundamental de la infraestructura energética y comercial del país.
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