NewzMálaga, 9 oct (EFE).- El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha pedido este viernes a su partido que haga "un gran esfuerzo en interventores y apoderados", para que todas las mesas electorales estén "cubiertas" el próximo 29 de noviembre porque no se "fían" del Gobierno.Bendodo, que será cabeza de lista al Congreso por Málaga, ha expuesto en la Junta Directiva Provincial que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "robó las primarias" del PSOE "con las urnas escondidas", que financió "con los prostíbulos de su suegro" y "engañó a su militancia", por lo que ha cuestionado si no es capaz "de engañar al resto de los españoles".Ha dicho que las elecciones del 29N son "las más importantes en la historia de la democracia" porque España "no es tan fuerte para aguantar cuatro años más de sanchismo, que lo está corroyendo todo"."Si hay más sanchismo a partir del 29N nuestro sistema democrático, constitucional y de garantías se va a poner en riesgo", ha insistido Bendodo, quien entiende que España está ante "un momento histórico irreversible".Ha pedido a los alcaldes que se "municipalice" la campaña y "tiren del carro", ya que considera que los regidores también se juegan cómo les va a ir a ellos en mayo. En materia de vivienda, ha puesto como ejemplo los inmuebles que impulsa el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía frente a las 200.000 viviendas que prometió Sánchez, que no se han hecho, ha denunciado.Bendodo ha rechazado lecciones de vivienda del Gobierno, al que considera el "responsable" de que sea hoy el principal problema de los españoles tras una subida del 74 por ciento en el precio de compra y del 44 por ciento en alquiler desde que gobierna Sánchez.Ha garantizado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "tiene las ideas claras, los equipos y los proyectos", y que para cada problema tendrá un proyecto, en vivienda, en fiscalidad, en seguridad o en gestión de servicios públicos entre otros.Bendodo, acompañado de la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, ha emplazado a la formación a ser "el gran referente del sur" dentro del partido. Al menos dos personas han muerto a causa de un enfrentamiento dentro de la cárcel de El Castillo, en el estado mexicano de Sinaloa, apenas un día después de que una pelea entre reos en el mismo centro penitenciario haya dejado diez víctimas mortales, incluido un menor de edad que se encontraba visitando a un familiar en el momento de los hechos.La Secretaría de Seguridad Pública ha confirmado en un comunicado que "dos personas privadas de libertad" han fallecido a causa de una "riña" registrada en el interior de un módulo de esta prisión situada en la ciudad de Mazatlán.Tras ello, el Grupo Interinstitucional, formado por las secretarías de Defensa y de Marina, así como la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad de Sinaloa, puso en marcha un dispositivo que, según ha asegurado el organismo, "controló la situación para brindar seguridad a las demás personas, personal operativo y administrativo de dicho centro"."Es importante señalar que el resto de la población penitenciaria se encuentra bien y que las autoridades mantienen su presencia al interior y exterior del centro para preservar el orden y la seguridad", han agregado las autoridades de Sinaloa, que han informado a la Fiscalía General del Estado con vistas a la apertura de una investigación.Por su parte, el personal de trabajo social del centro penitenciario se ha puesto en contacto con las víctimas para "brindarles la información necesaria" sobre las circunstancias del suceso.La misma prisión fue escenario un día antes de un enfrentamiento entre reos que dejó al menos diez muertos y 16 heridos, que tuvieron que abandonar la cárcel en diez ambulancias escoltadas por fuerzas federales.De acuerdo a las informaciones del diario 'El Universal', las detonaciones de armas de fuego activaron las alertas en el exterior, lo que motivó el ingreso de la Policía y de la unidad especializada de revisión de prisiones de la Guardia Nacional, con el apoyo de un helicóptero de la Marina en labores de sobrevuelo.Este mismo viernes en rueda de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, "para reforzar el sistema penitenciario" del estado.
(Actualiza el número de víctimas)Yuba, 9 oct (EFE).- Al menos 71 personas murieron en violentos enfrentamientos armados entre dos tribus rivales por el control y uso de tierras de pastoreo en el estado de los Lagos, en el centro de Sudán del Sur, confirmó el Gobierno provisional sursudanés.En un comunicado, el Gobierno afirmó que el número de muertos por esos enfrentamientos, que esta mañana fuentes policiales cifraron en al menos 27, además de 9 heridos, ha ascendido "al menos a 71".El Ministerio de Información sursudanés explicó en la nota que los enfrentamientos, que se desarrollan cerca de la ciudad de Rumbek, capital del estado de los Lagos, "estallaron alrededor de las 4:00 de la madrugada, y causaron un número considerable de víctimas mortales"."Según informes preliminares, se estima que al menos 71 personas han muerto, aunque la cifra exacta de fallecidos y heridos aún está por verificarse", señaló el ministerio, según la nota, e indicó que cuatro de las víctimas mortales son militares -un capitán del Ejército y tres suboficiales.El portavoz de la policía del citado estado sursudanés, Elijah Mabor, había afirmado anteriormente a EFE que los combates entre dos facciones de la comunidad Pakam, cerca de Rumbek, provocaron la muerte de al menos 27 personas y heridas a otras nueve.Mabor dijo a EFE que los enfrentamientos "han cesado tras el despliegue de fuerzas de seguridad en la zona (...) para mantener la calma y prevenir posibles ataques de represalia".No obstante, lamentó que esos combates coincidan con los preparativos por las autoridades en Yuba de las elecciones generales, previstas para el 22 de diciembre, la primera votación a nivel nacional desde que el empobrecido país africano obtuvo su independencia de Sudán en 2011.El estado de los Lagos es escenario de violencia intercomunitaria y frecuentes enfrentamientos tribales por el pastoreo, el control de tierras de cultivo para su ganado, la venganza o por tensiones históricas entre comunidades de pastores.Esa violencia tribal se suma a las crisis políticas y crecientes tensiones en el país, en Yuba y en la regiones septentrionales, entre el Gobierno y la oposición que amenazan al acuerdo de paz logrado en 2018, y que ha puesto fin a un lustro de guerra civil. El Gobierno dominicano enumeró este jueves las acciones implementadas para combatir la trata de personas, tras publicarse el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre este delito, que mantiene al país en el Nivel 2.El informe, que examina las medidas legislativas y operativas adoptadas por las autoridades, señala que aunque el país está "realizando esfuerzos significativos", todavía no "no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata de personas". No obstante, el documento reconoce que el Gobierno dominicano "demostró un aumento general en sus esfuerzos en comparación con el período del informe anterior".En una nota de prensa, el Gobierno resaltó como uno de los principales avances la modificación de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, para eliminar el requisito de demostrar fuerza, fraude o coacción en los casos de trata que involucran a menores de edad, especialmente aquellos relacionados con la explotación sexual.También destacó la aprobación y asignación de recursos del presupuesto nacional para la ejecución del Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2025-2028.
RELACIONADAS Nacional Aunque hay avances, EE. dice que RD todavía no cumple estándares para erradicar la trata Actualidad Informe del Departamento de Estado: RD avanza, pero aún no cumple estándares mínimos contra la trata Medidas anunciadasEntre las medidas adoptadas figura la Resolución 13-2024, que establece un procedimiento para entregar tarjetas de identificación a personas apátridas.Según el comunicado, durante el proceso de modificación de la Ley 137-03 se realizaron consultas con organizaciones de la sociedad civil y sobrevivientes de trata de personas.Las autoridades también resaltaron la aplicación del artículo 25 del Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, que contempla penas de entre 20 y 30 años de prisión por la entrega o explotación de menores de edad.En materia de persecución penal, el Gobierno destacó la apertura de 229 investigaciones por trata de personas durante 2024 y el procesamiento de 50 sospechosos bajo la legislación especial.Asimismo, resaltó la investigación de ocho funcionarios por su presunta complicidad en estos delitos, de los cuales tres fueron sometidos a procesos judiciales, incluidos miembros de organismos…
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