NewzEl Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC), una ONG con sede en México, registró en septiembre 79 violaciones de derechos contra personas encarceladas en Cuba y consignó cuatro muertes bajo custodia. El relevamiento abarcó establecimientos de 12 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, según informó este lunes la agencia EFE.En total, 72 personas —cuatro mujeres y 68 hombres— fueron identificadas como afectadas por alguna de las situaciones documentadas. Otras 23 denuncias aludieron a problemas que alcanzaron al conjunto de la población penal de determinados centros.Denuncias en 34 centros penitenciarios y de trabajo forzadoEl CDPC reunió denuncias en 34 cárceles, campamentos de trabajo forzado y centros de instrucción penal.
Las provincias con mayor cantidad de registros fueron Camagüey, La Habana y Mayabeque.Los establecimientos mencionados con más frecuencia fueron Kilo 8 y Kilo 7, en Camagüey, y la prisión de Quivicán, en Mayabeque. Entre los casos individuales, el periodista independiente Henry Constantín estaba encarcelado en Camagüey.Roberto Pérez Fonseca, recluido en Quivicán; Ediolvis Marín Mora, en Kilo 7, y Vladimir Castillo Llanes, también alojado en Quivicán, acumularon el mayor número de eventos durante el mes analizado.La negación de atención médica fue la irregularidad más reiterada, con 27 denuncias. Le siguieron los reclamos vinculados al estado de salud, con 26; la alimentación, con 19; las restricciones a la comunicación, con 15, y los traslados, con nueve.La organización indicó que las personas detenidas por motivos políticos y quienes padecen enfermedades crónicas o infecciosas fueron las víctimas más frecuentes.
Entre las afecciones señaladas figuran tuberculosis, diabetes, asma, psoriasis y Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH).El relevamiento también incluyó denuncias de represalias contra presos que protestaban por las condiciones de reclusión: la suspensión de visitas y llamadas telefónicas, el confinamiento en celdas de castigo y golpizas.Muertes tras denuncias por falta de atención, alimentación y desnutriciónEl preso político Florentino Morono Torres, recluido en la prisión provincial de Las Tunas, murió el 20 de septiembre en el Hospital General Docente Dr. El CDPC sostuvo que había sufrido un infarto en su celda dos días antes y que no recibió atención médica oportuna.El preso … Octubre mantiene el ritmo de muertes durante presuntos enfrentamientos con agentes policiales.
En los primeros días del mes, 20 personas han fallecido a manos de la Policía Nacional, luego de que septiembre cerrara con 55 decesos, la cifra mensual más alta registrada este año por la institución.De acuerdo con los informes preliminares del cuerpo del orden, los fallecidos eran buscados por su presunta vinculación con distintos delitos, entre ellos homicidio, robo a mano armada y despojo de motocicletas. También pesaban sobre ellos órdenes de captura.En medio de esta situación, algunas personas con órdenes de arresto pendientes han optado por entregarse a las autoridades, tras el llamado del presidente Luis Abinader, quien advirtió que quienes estén en esa situación deben presentarse ante la Justicia y que, de lo contrario, serán buscados por la Policía, "y les irá peor". RELACIONADAS Justicia ¿Se investigan las muertes en intercambios de disparos?
PGR no lo aclara Justicia Carlos Balcácer amenaza con someter al director de la Policía por inducir el asesinato de jóvenes Nacional Octubre arranca con al menos siete muertos en intercambios de disparos La institución informó la semana pasada que tenía 53,877 órdenes de arresto pendientes de ejecución, distribuidas en 31 clasificaciones delictivas.Investigación de muertesAnte las muertes registradas durante estos operativos, Diario Libre solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) información sobre la cantidad de casos investigados por el Ministerio Público, así como los resultados de esas pesquisas y los protocolos que se aplican cuando una persona fallece durante una intervención policial. Sin embargo, el órgano persecutor se amparó en la reserva de las investigaciones penales y la protección de datos personales para no suministrar las estadísticas ni responder sobre los procedimientos.En su comunicación, la Procuraduría argumentó que parte de los datos requeridos están vinculados con investigaciones penales específicas y que su divulgación podría comprometer procesos judiciales y derechos de terceros.«Una parte de la información requerida está directamente relacionada con investigaciones penales específicas dirigidas por el Ministerio Público», indicó la institución.No obstante, varias de las preguntas de Diario Libre buscaban conocer cifras generales y resultados procesales, sin solicitar declarac…
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