Una fotografía tomada para solicitar un préstamo podía terminar convertida en una herramienta de presión. La imagen del cliente era utilizada para elaborar montajes que lo presentaban como autor de delitos sexuales, estafas o vinculado con prostitución. Después llegaba la advertencia: si la deuda no era pagada, ese contenido podía ser enviado a familiares, amigos y otros contactos.
Parte de esas imágenes habría sido modificada con herramientas de inteligencia artificial.Ese es el mecanismo que la Fiscalía de Ecuador investiga después de la intervención de un call center que funcionaba en un edificio del centro norte de Quito y desde donde se realizaban cobranzas a personas residentes en México, Colombia, Perú y Chile. El operativo dejó diez procesados con prisión preventiva y abrió una investigación sobre una estructura que combinaba préstamos digitales, recopilación de datos personales y amenazas para conseguir pagos. El establecimiento funcionaba en el edificio Torre Blanca, sobre la avenida 6 de Diciembre, y fue intervenido el 21 de agosto.
Allí operaba Latameris Support S.A.S., una empresa que contrataba personal para tareas de cobranza. Unas 112 personas se encontraban en las oficinas cuando llegaron las autoridades, según la cifra posteriormente difundida por el Ministerio del Interior. En el centro de la investigación están varias aplicaciones que ofrecían créditos rápidos.
Para registrarse, los usuarios proporcionaban información personal, datos sobre sus redes sociales y una selfie. Algunas plataformas también obtenían acceso a la agenda de contactos del teléfono. Esa información alimentaba posteriormente el sistema utilizado por los operadores que trabajaban desde Ecuador.
Cada empleado podía recibir una cartera de hasta 120 clientes. Las gestiones comenzaban con llamadas de cobro, pero los testimonios recabados por las autoridades describen que la presión aumentaba si el deudor no cancelaba. Dentro de la oficina se hablaba de una “cobranza fuerte”, que incluía intimidaciones y la elaboración de piezas digitales conocidas entre los trabajadores como “boletines”.
Para producirlas se utilizaban fotografías de los clientes. Los montajes podían atribuirles conductas como pedofilia, violación o estafa y luego eran utilizados para amenazar con exponerlos ante su entorno. Los mensajes podían circular mediante WhatsApp, Telegram, Facebook o SMS.
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