NewzLa Justicia de Mar del Plata investiga un presunto caso de maltrato contra dos adultas mayores ocurrido en una residencia geriátrica de esa ciudad, luego de que las cámaras de seguridad del establecimiento registraran las agresiones que habría cometido uno de sus empleados, quien ya fue desvinculado.Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, el hecho ocurrió este lunes pasadas las 19 en el geriátrico ubicado sobre la calle Deán Funes al 1700. La denuncia fue presentada por la responsable del lugar, quien revisó las filmaciones internas luego de que los familiares de los residentes notaron lesiones sospechosas en las víctimas.Como se ve en los videos que forman parte de esta nota, el trabajador maltrata a una mujer en silla de ruedas para posteriormente acostarla de forma brusca. “No me interesa lo que vos querés”, le dice mientras le saca un abrigo.
Y sigue: “Bueno, ya es hora de que te mueras. ¿Por qué no te morís, vieja hija de puta? En otro video, el hombre golpea con una cuchara a otra anciana mientras le da de comer, lo que le habría provocado un corte superficial en el labio.
La mujer se agarra la boca y llora. “¿Ah tenés gans de llorar?”, le dice en tono amenzante. Y se la lleva en la silla de ruedas.Tras detectar lo ocurrido, las autoridades del geriátrico resolvieron despedir al trabajador y entregaron las grabaciones a la Justicia para que fueran incorporadas a la investigación.La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Composición Temprana de Conflictos Penales, que continuará con las actuaciones para esclarecer lo sucedido, identificar formalmente a las víctimas y determinar las eventuales responsabilidades penales.
La Comisión de Acuerdos del Senado fijó para el 12 y 13 de agosto una treintena de audiencias públicas para avanzar con 30 nombramientos judiciales, entre ellos se destacan los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para una sala de la Cámara Federal porteña que revisará causas sensibles para el Gobierno, como el caso $LIBRA, la investigación sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la investigación contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. La convocatoria para estas audiencias ya fue publicada en el Boletín Oficial y quedará incorporada a la agenda legislativa tras el receso de invierno.Para obtener dictamen favorable, cada postulación necesita al menos nueve firmas dentro de una comisión de 17 integrantes. Ese número aparece hoy al alcance de La Libertad Avanza, el PRO y la UCR, que juntos reúnen nueve miembros y podrían controlar el trámite si sostienen una posición común.Entre las postulaciones enviadas al Congreso por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, las de Bertuzzi y Yadarola concentran la mayor atención política.
Ambos fueron propuestos para integrar la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal.Ese tribunal revisa actuaciones de los jueces federales de primera instancia de Comodoro Py en expedientes por corrupción, delitos económicos, lavado de activos y crimen organizado. En ese marco, deberá intervenir en la investigación por las denuncias vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, instruida por el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano.La misma sala también tendrá a estudio resoluciones en otras causas de alto impacto, entre ellas la investigación por presuntos sobreprecios en contratos de la Agencia Nacional de Discapacidad, donde están bajo investigación Milei y la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Además, podría revisar el expediente del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de sus viajes al exterior y las propiedades que se le adjudican.El pliego de Pablo Bertuzzi arrastra una controversia abierta desde 2018, cuando fue trasladado por decreto del entonces presidente Mauricio Macri desde el Tribunal Oral Federal N°4 a la Cámara Federal porteña.
Las nuevas reglas que el Gobierno propone para la actividad minera ponen el foco en una vigilancia ambiental más estricta, mayores obligaciones para las empresas y la posibilidad de cancelar títulos cuando se comprueben afectaciones a las fuentes hídricas. Con ese argumento, el Ejecutivo defendió el proyecto de ley que busca reemplazar el actual Código de Minas.La iniciativa, según explicó la viceministra de Minas, Sorrel Aroca, plantea una reforma de fondo a una legislación que, de acuerdo con el Gobierno, ya no responde a las necesidades ambientales, sociales y económicas del país. El propósito, afirmó, es actualizar las normas que regulan el sector durante más de 25 años.Durante una entrevista con Blu Radio, la funcionaria rechazó las versiones que señalan que el proyecto fue elaborado en la recta final del actual Gobierno.
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