Un total de 150 vehículos que no pudieron ser localizados físicamente, bienes muebles no ubicados y deficiencias en el control de activos de la institución son algunas de los principales hallazgos de la última auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a la Dirección General de Migración (DGM).El informe, correspondiente al período comprendido entre el 1 de julio de 2021 y el 31 de diciembre de 2025, también identificó 50 procesos de compras y contrataciones, por alrededor de 553 millones de pesos, que no estaban incluidos en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.Las observaciones abarcan, además, el manejo de las nóminas fuera del sistema institucional, asignaciones de combustible por encima de los límites de la ley y cuentas por pagar con varios años de antigüedad. La Contraloría acreditó en sus reportes que la mayoría de las anomalías detectadas permanece en proceso de subsanación, mientras otras fueron corregidas después de la auditoría. RELACIONADAS Vehículos no localizadosDe la lista de incongruencias detectadas por el órgano fiscalizador en la DGM, resaltan las del parque vehicular.
Durante la inspección física, los auditores no pudieron localizar ni identificar 150 vehículos registrados a nombre de la institución ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). El texto no afirma, sin embargo, que esos vehículos hayan sido sustraídos.Se trata de motocicletas, autobuses, camiones y camionetas y yipetas.La Contraloría mantiene esta observación en proceso de subsanación. El informe también determinó que la administración saliente no realizó una entrega física y formal de los bienes de propiedad, planta y equipo a las nuevas autoridades.A esto se suman 149 activos fijos que figuraban en los registros contables, pero que no fueron encontrados en las ubicaciones indicadas.
Entre estos bienes había desde equipo de defensa y mobiliario hasta generación eléctrica y bienes artísticos.La auditoría examinó, además, una muestra de 420 activos que sí fueron localizados. De estos, 263 no tenían la etiqueta o codificación oficial de Bienes Nacionales. Aunque la entidad no realizó defensa a la inobservancia, ambas observaciones continúan clasificadas en proceso de subsanación.
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