NewzEl gobierno de Abelardo De la Espriella alista la estrategia Remas (Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad) para habilitar buques oficiales como cárceles transitorias de máxima seguridad en altamar, con el objetivo de aislar a 40 internos de alta peligrosidad y dificultar que sigan ordenando extorsiones, homicidios y operaciones de narcotráfico desde prisión.Según informó Blu radio, la idea oficial contempla camarotes convertidos en celdas de aproximadamente cuatro por cuatro metros, con una litera y sin televisión, radio ni equipos de comunicación. La rutina se aplicaría de la siguiente manera: el primer conteo sería a las 5:00 a. m., visitas mensuales sometidas a requisas exhaustivas y posibilidad de conservar solo un libro y cerca de 16 elementos de aseo.Los internos también tendrían que participar en la limpieza del buque celda y comer lo mismo que la tripulación.
El tiempo de exposición al sol sería de unos 30 minutos diarios, siempre esposados y, según el nivel de peligrosidad, con chalecos antibalas y bajo vigilancia.Con esta medida, el Gobierno busca que los cabecillas criminales queden casi incomunicados en embarcaciones de la Armada Nacional, lejos de sus redes de apoyo, para impedir que continúen coordinando delitos desde una celda. La articulación prevista involucra al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, y a la fuerza naval.De acuerdo con el medio citado, por ahora no hay nombres oficiales confirmados, pero el grupo inicial evaluado es de 40 hombres. Entre los alias mencionados aparecen el Miquito, el Gordo Pan, el Lobo y el Gamo, señalados como integrantes de Los Pepes y Los Costeños.Así mismo, también se señala que el Gobierno no descarta ampliar el perfil de los trasladados a narcotraficantes, jefes de bandas de microtráfico y otros presos que mantengan capacidad de comunicación con redes dedicadas a la extorsión, el homicidio o el tráfico de drogas.
La intención es que no se limite únicamente a quienes hoy delinquen desde cárceles en Barranquilla.La medida fue incluida entre las decisiones adoptadas en el consejo de seguridad del domingo 23 de agosto en Barranquilla. Allí también se anunció el refuerzo de la seguridad con una parte de 2.000 nuevos policías, la llegada de 50 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército y el despliegue de 60 uniformados para controlar corredores estratégicos que conectan al… La discusión sobre la migración ilegal en Colombia escaló cuando el presidente Abelardo de la Espriella ordenó operativos contra ciudadanos venezolanos sin papeles, abriendo un choque político con el activista Beto Coral, quien lo acusó de estigmatizar a toda una comunidad y de imitar la retórica de Donald Trump.El punto de mayor tensión surgió tanto en la promesa de priorizar a los nacionales como en la instrucción a Migración Colombia para coordinar acciones con la Policía de Barranquilla, estableciendo como prioridad a quienes cometan delitos y luego a quienes no tengan regularizada su situación.Coral, cuyo nombre completo es Franklin Humberto Coral Garrido, afirmó que la medida afecta también a venezolanos que respaldaron políticamente al mandatario.
En sus redes sociales resumió su crítica con una frase directa: llamó al presidente “El Trump corroncho” y lo acusó de amenazar con deportar a los venezolanos.De la Espriella fijó una consigna de prioridad nacional. “Aquí no voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”, dijo el presidente, antes de dar la orden de iniciar operativos.La orden presidencial puso el foco en venezolanos sin situación regularEl mandatario detalló el alcance del operativo y estableció dos grupos bajo observación.
“Que empiecen los operativos coordinados con la Policía de Barranquilla para dar con los inmigrantes ilegales. Primero, los que están cometiendo delitos. Segundo, los que no tienen regularizada su situación y en el término de la instancia tendrán que ser deportados”, señaló.Abelardo de la Espriella ordenó actuar contra inmigrantes ilegales y anticipó deportaciones para quienes no regularicen su estatus.
Beto Coral respondió que esa decisión convierte hechos delictivos de una minoría en un señalamiento contra toda la comunidad venezolana.La crítica del activista se centró en este punto. “Aquí nadie está diciendo que una persona que comete un delito no deba responder ante la justicia. Claro que debe hacerlo, pero estamos hablando de una minoría y no se puede utilizar a quienes delinquen como excusa para señalar, estigmatizar, amenazar y perseguir a toda una comunidad venezolana”, sostuvo.El activista sostuvo que la medida no puede separarse del lenguaje con el que fue presentada.
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