The Spanish government will be "forceful" regarding tourism announcements about occupied Palestine.

Madrid, 26 oct (EFE).- El Gobierno español va a actuar "con total contundencia y rotundidad para impedir que la cuenta de resultados de ninguna multinacional esté manchada con la sangre del pueblo palestino", según el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy. Bustinduy se refirió así este lunes a un expediente sancionador abierto a una plataforma digital por no retirar en España sus anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados por Israel, pese a la exigencia del ministerio, que también requirió a otras seis multinacionales que sí lo hicieron."Vamos a seguir hasta el último día de esta legislatura cumpliendo con el mismo principio que hemos pedido en todas estas actuaciones, el que opere en España va a cumplir la ley", incidió.En España, la ley defiende a los consumidores "frente a las grandes empresas, y también el derecho internacional y la dignidad del pueblo palestino frente al genocidio, la ocupación y el 'apartheid'", argumentó Bustinduy.Los anuncios identificados corresponden a alojamientos situados en localidades incluidas en más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en el territorio palestino ocupado, publicados en diciembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado español, según la información facilitada por el ministerio español.El departamento considera que estas prácticas podrían constituir una infracción de la normativa española de protección de los consumidores, al tratarse de publicidad que la legislación considera ilícita.El expediente se fundamenta en el artículo 4 del real decreto ley aprobado en su momento por el Ejecutivo sobre medidas urgentes contra el "genocidio" en Gaza y apoyar a la población palestina. La infracción podría llegar a calificarse grave y conllevar multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

Madrid, 26 oct (EFE).- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asegurado que su ministerio va a actuar "con total contundencia y rotundidad para impedir que la cuenta de resultados de ninguna multinacional esté manchada con la sangre del pueblo palestino". Bustinduy se ha referido de esta forma a la apertura de un expediente sancionador por parte de su ministerio a una plataforma por no retirar sus anuncios de alquiler turístico en territorios palestinos ocupados por Israel pese a la exigencia de Consumo, que también requirió a otras seis multinacionales que sí lo hicieron."Vamos a seguir hasta el último día de esta legislatura, cumpliendo con el mismo principio que hemos pedido en todas estas actuaciones, el que opere en España va a cumplir la ley, y en España, la ley defiende a los consumidores y consumidoras frente a las grandes empresas y también el derecho internacional y la dignidad del pueblo palestino frente al genocidio, la ocupación y el apartheid", ha señalado Bustinduy.El responsable de Consumo y portavoz de campaña de Frente Amplio ha subrayado que su departamento "va a actuar con total contundencia y rotundidad para impedir que la cuenta de resultados de ninguna multinacional esté manchada con la sangre del pueblo palestino".Los anuncios identificados corresponden a alojamientos situados en localidades incluidas en más de 200 códigos postales de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado, publicados en diciembre del año pasado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según la información facilitada por Consumo.El ministerio considera que estas prácticas podrían constituir una infracción de la normativa de protección de los consumidores, al tratarse de publicidad que la legislación califica como ilícita.El expediente se fundamenta en el artículo 4 del real decreto-ley aprobado por el Gobierno para adoptar medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y apoyar a la población palestina. La infracción, en caso de concurrir agravantes, podría calificarse como grave y conllevar multas de hasta 100.000 euros o de entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido, según la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.