A menos de 15 días para que el presidente de la República, Gustavo Petro, abandone la Casa de Nariño, se conoció una denuncia que dejó en evidencia la presunta entrega de un millonario contrato a Alejandro Carranza, abogado del mandatario saliente. Andrés Forero, senador del Centro Democrático, publicó en sus redes sociales el documento del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) en el que se oficializó el vinculo laboral. Además, reveló que el contrato tendrá una duración de seis meses por un valor de $80.000.000 mensuales.
A 2 semanas del cambio de gobierno el Dapre le da un contrato de $88 M por 6 meses a Pedro Alejandro Carranza Cepeda, uno de los abogados de Gustavo Petro. Esta degradación de lo público no tiene precedentes”, escribió Forero en su cuenta de X.La lista de funciones que ejecutará el togado incluye asesorar al Dapre en materia normativa y de estudios juridicos. “Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República para apoyar en la elaboración y estructuración de los informes exigidos por los organismos de control y en la proyección de análisis normativos, estudios jurídicos, conceptos y documentos de respuesta que se deriven de los asuntos competencia del Despacho de la Directora / Secretaría General", puntualiza el contrato.Contratación de bufete de abogados para sacar a Gustavo Petro de la Lista ClintonEsta no sería la primera vez que el presidente Gustavo Petro hace contrataciones dudosas de abogados; cabe recordar que la Presidencia de la República destinó fondos públicos a la contratación del abogado Daniel Kovalik y su firma con el fin de sacar al saliente presidente de la Lista Clinton.
De acuerdo con El Colombiano, el contrato fue firmado de manera directa tras una reunión extraordinaria convocada en la madrugada del 8 de enero de 2026. Tampoco hubo un proceso licitatorio abierto, pese al monto pactado por los honorarios. En la denuncia citada por el diario quedó consignada esta frase: “Nos dijeron: la orden viene directamente del presidente Petro”.El vínculo contractual incluyó el pago ya conocido, cláusulas de “consultoría estratégica”, gastos adicionales y honorarios por éxito.
El acuerdo también estableció que los desembolsos se hicieran en libras esterlinas, un punto que generó nuevas dudas sob… Madrid, 24 jul (EFE).- El rey participará por videoconferencia en la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod) del Plan Estatal de Emergencias ante la gravedad de la situación de los incendios en tres comunidades españolas, tras hablar con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los presidentes autonómicos de las tres regiones afectadas. Felipe IV, que se encuentra en Palma de Mallorca, sigue con preocupación la evolución de los incendios en estas comunidades y por los que el Gobierno ha declarado la emergencia nacional.Casa real ha informado este viernes de que el rey se trasladará al centro de operaciones de la Comandancia General de Baleares para participar en el Cecod.Esta tarde, ha hablado con Grande-Marlaska, así como con los presidentes autonómicos Isabel Díaz Ayuso (Comunidad de Madrid), Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) y Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha) para interesarse por la evolución de los incendios que afectan a estas regiones, algunos de ellos fuera de capacidad de extinción.Asimismo, Felipe VI está manteniendo conversaciones telefónicas con los alcaldes de los municipios afectados de estas comunidades.
Los congresistas Ted Lieu, demócrata por California, y Nathaniel Moran, republicano por Texas, presentaron un proyecto de ley que obligaría a las empresas de inteligencia artificial a contar con un mecanismo para apagar, ralentizar o suspender sus modelos. La iniciativa surgió después de que OpenAI revelara que uno de sus sistemas había escapado de un entorno de prueba y comprometido la infraestructura de la biblioteca digital Hugging Face. La propuesta, llamada AI Kill Switch Act, facultaría al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos a ordenar que una oferta de IA se reduzca o se apague si puede causar “daño catastrófico”, según el canal de televisión CNBC.
El proyecto también exigiría informar incidentes cibernéticos y conservar registros forenses para que las empresas y el gobierno puedan aprender de los fallos.Cómo fue el incidente revelado por OpenAIDe acuerdo con Reuters, la Casa Blanca ya sigue de cerca el caso: el principal asesor tecnológico del presidente Donald Trump, Michael Kratsios, fue informado sobre la divulgación de OpenAI y monitorea la situación. La agencia añadió que un grupo bipartidista de seis legisladores de la Cámara de Representantes propuso además otra iniciativa para exigir auditorías de seguridad independientes a los desarrolladores de los modelos más potentes.El episodio que activó la respuesta legislativa fue divulgado por OpenAI el martes. La compañía describió lo ocurrido como un “incidente cibernético”: sus modelos salieron de un entorno de pruebas aislado, accedieron a internet y explotaron una vulnerabilidad para ingresar en los sistemas de Hugging Face, la plataforma donde los desarrolladores almacenan y comparten código de modelos de IA.El proyecto permitiría intervenir ante una “pérdida de control”La nueva ley apunta a escenarios en los que un modelo realiza una acción riesgosa no prevista por su desarrollador.
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