Caso Senasa: El Estado que dejó de contar (IV)

Las cifras centrales de esta serie proceden de documentos oficiales dominicanos, organismos multilaterales y estudios identificados expresamente. Cada afirmación cuantitativa lleva su fuente, fecha, definición y condición de uso en un expediente disponible para cualquier periodista, legislador o lector que lo solicite. Cuando una cifra no ha resistido la verificación, se ha retirado o corregido por escrito.

Y lo que aquí se afirma que el Estado no publica se comprobó por última vez en septiembre de 2026: se consigna la fecha porque una ausencia puede dejar de serlo y, si eso ocurre, se corrige igual.Dos advertencias antes de empezar.Hay un proceso judicial abierto y hay diez personas imputadas, siete en prisión preventiva. No voy a decir que son culpables: eso lo decide un tribunal, no un columnista. Nada de lo que sigue depende de que lo sean.Porque lo que voy a contar no es el fraude.

Es lo que pasó mientras ocurrían los hechos que hoy investiga el Ministerio Público, en las oficinas de quienes tenían el deber de verlos. Y eso no está bajo proceso: está publicado.El indicador que cualquiera podía leerEn un seguro de salud hay un número que lo resume casi todo. Se llama siniestralidad: cuánto paga la aseguradora en atenciones por cada cien pesos que recibe.La de Senasa fue de 102.3 % en 2023 y 105.6 % en 2024.

En el régimen subsidiado —el de los más pobres— 108 % en 2023, 110.76 % en 2024 y más de 130 % hasta mayo de 2025.Esa cifra no la calculó la oposición. La publicaba la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el organismo encargado de vigilar precisamente eso.Una precisión que me importa más que el titular. Siniestralidad por encima de 100 % no significa quiebra, y quien se lo diga le está vendiendo algo.

Una aseguradora puede sostenerla con reservas, con patrimonio o con una transferencia del Estado; en un régimen subsidiado sostenerla un tiempo puede ser incluso lo correcto.Lo que ese número sí es, sin ambigüedad, es una luz roja. Y admitía varias lecturas: una cápita insuficiente, más utilización, otro perfil de riesgo, prestaciones nuevas, costos extraordinarios, errores de registro o facturación irregular. Determinar públicamente cuál ocurría, y activar una respuesta proporcional, era el deber del supervisor.

Lo que no consta en esos dos años es un diagnóstico publicado ni una intervención capaz de detener el deterioro.