NewzEl Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) de Guatemala ejecutó apenas 14,64% de los fondos destinados a anticonceptivos entre enero y agosto de 2026, un nivel que el Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos considera insuficiente para sostener el abastecimiento en la red pública.La baja ejecución corresponde al renglón 266, destinado a la compra de condones, T de cobre y dispositivo intrauterino (DIU) para los centros de salud del país.La organización advirtió que la falta de estos insumos “coloca a las mujeres en situación de vulnerabilidad” ante embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual.El Programa Nacional de Salud Reproductiva, una categoría más amplia a cargo del MSPAS, acumuló una ejecución de 56% sobre los Q 653 millones vigentes durante el período analizado. El programa reúne acciones de promoción, prevención, atención y recuperación en salud sexual y reproductiva para mujeres y hombres en edad fértil, embarazadas, madres, recién nacidos y adolescentes.El contraste revela que el gasto general del programa no se trasladó de manera proporcional a todos sus servicios. Mientras el conjunto de la política reproductiva registró ese nivel de ejecución, la compra de métodos anticonceptivos permaneció entre los componentes con mayor retraso.Más de 19 millones de quetzales sin devengar en anticonceptivosEl renglón 266 tenía una asignación inicial de Q 22.633.292 y, después de una modificación de Q 342.732, quedó con un presupuesto vigente de Q 22.290.560.
De esa partida, el MSPAS registró como gasto devengado Q 3.262.928,70, la cifra que determinó el bajo porcentaje de ejecución.Los datos fueron difundidos el 1 de septiembre de 2026 en el portal del Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin). La diferencia entre el presupuesto vigente y el gasto devengado dejó más de Q 19 millones sin ejecutar para la adquisición de los insumos contemplados en ese renglón.El seguimiento del Grupo Multidisciplinario señala que el abastecimiento continuo de métodos de planificación familiar depende de que los establecimientos públicos cuenten con estos productos. Los condones, la T de cobre y el DIU forman parte de la oferta de anticoncepción que debe llegar a los centros de salud.La ejecución del servicio de planificación familiar dentro del Programa Nacional de Salud Reproductiva también se ubicó por d…
La Defensoría del Pueblo de Panamá deberá afrontar el próximo año una brecha presupuestaria superior a $3 millones para cumplir con sus funciones básicas de protección de derechos humanos. Así lo reconoció la propia institución ante la Asamblea Nacional, cuando la defensora del Pueblo, Angela Russo, compareció junto a su equipo de directores nacionales ante la Comisión de Presupuesto. El monto recomendado para la entidad en 2027 asciende a $6.787.534,00.De esa cifra, $6.583.097,00 se destinarían a gastos de funcionamiento y $204.437,00 a inversión.
Según precisó Russo, ese presupuesto cubre apenas el 68,1% de los recursos que la institución identificó como necesarios para ejecutar sus programas el próximo año.Uno de los puntos más críticos expuestos por la funcionaria es la situación del Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que obtuvo apenas el 36,9% de los fondos requeridos para funcionar.A eso se suma que el programa de Educación, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, valorado en $632.185,00, no recibió ninguna asignación dentro del presupuesto recomendado. El renglón específico para protección de derechos humanos quedó directamente sin recursos.La falta de fondos, de acuerdo con la entidad, limita la capacidad de la Defensoría para ampliar investigaciones de oficio, visitas de monitoreo, jornadas de capacitación, mediaciones y defensorías móviles que llegan a comunidades rurales e indígenas.La brecha presupuestaria llega en un momento en que la institución debe asumir competencias adicionales. La Ley 504, promulgada el 18 de diciembre de 2025, incorporó en su artículo 25 la figura de un Defensor Adjunto de Derechos de Niñez.Ese cargo auxiliará a la titular de la Defensoría en la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, conforme a la Ley que crea el Sistema de Garantías y Protección Integral de Niñez y Adolescencia.
La institución remarcó que cumplir con esta nueva obligación exige condiciones presupuestarias que hoy no están garantizadas.Russo subrayó ante los diputados que estas limitaciones se presentan en una entidad que atiende miles de consultas, quejas y orientaciones cada año. La Defensoría también desarrolla programas de formación en derechos humanos y ejecuta acciones permanentes de supervisión y monitoreo en todo el territorio nacional.Durante su intervención, la funcionaria defendió la gesti…
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