Este miércoles, Maricarmen, una mujer de 87 años con una discapacidad del 50% por problemas de movilidad, se ha visto obligada a abandonar la que ha sido su casa durante siete décadas, ubicada en el barrio madrileño de Retiro. El desalojo se ha producido después de que la empresa propietaria del inmueble le exigiera que multiplicara por más de cinco su alquiler, de 500 a 2.600 euros mensuales. Detrás de esto está Urbagestion Desarrollo e Inversión, una sociedad limitada con sede en Madrid que compra viviendas con inquilinos, a bajo precio, para después litigar hasta lograr vaciar el inmueble y revalorizarlo.
Urbagestion es una empresa constituida en 2005, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria española, y clasificada por la plataforma Einforma como “microempresa”, cuenta con apenas siete empleados repartidos entre su sede central en Madrid y una delegación en Valladolid. Sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil reflejan un patrimonio de 356.388 euros, una cifra de negocio de 586.450 euros el año pasado y un beneficio neto de solo 2.990 euros.En su propia web, la compañía se presenta como una “plataforma de inversiones especializada en la promoción, el desarrollo y la gestión o asesoramiento de productos de inversión”. Entre sus actividades figura la compraventa de farmacias (tiene casi 300 en venta repartidas por una veintena de ciudades en España) y de edificios de viviendas con inquilinos, varios de ellos anunciados explícitamente como oportunidades de “revalorización, previo vaciado y reforma”.
Los hermanos Alonso, al frente del negocioLa propiedad de Urbagestión recae sobre los empresarios Ricardo Alonso y Fernando Alonso, dedicados a la inversión en edificios, viviendas, suelo, locales comerciales, oficinas y hoteles. La compañía carece de consejero delegado, y sus máximos responsables figuran bajo la fórmula de “administradores solidarios”. Además, son titulares de más de una docena de sociedades vinculadas a los sectores agroalimentario e inmobiliario.Fueron los hermanos Alonso quienes adquirieron el edificio de la calle Sáinz de Baranda en 2018, donde vivía Maricarmen hasta el día de hoy, después de que Renta Corporación, uno de los grandes grupos inmobiliarios españoles, comprara la finca a la familia propietaria original y ofreciera después a la inquilina la posibilidad de adquirir su propio piso por 250.000.
València, 23 sep (EFE).- La Audiencia de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Joaquín Martins 'el Mauri', hermano de Antonio Anglés, autor de los asesinatos de las niñas de Alcàsser (Valencia), como responsable, con otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021.También impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las lesiones sufridas y el daño moral causado, así como la prohibición de acercarse y comunicarse con ella, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).Los detenidos fueron apresados en 2023 en los municipios valencianos de Paterna, Alfafar y Albal por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor.Uno de los condenados por estos hechos es Joaquín Martins, 'el Mauri', uno de los hermanos de Antonio Anglés y que se cambió el apellido después de que éste fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Antonio Anglés huyó y nunca fue detenido.Según la sentencia, los seis condenados se pusieron de acuerdo, junto con terceras personas no identificadas, para capturar a Francisco, e idearon la forma de hacerlo, los seguimientos previos, la utilización de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y los medios para realizarlo.En la tarde del 29 de noviembre de 2021, los procesados, con dos furgonetas y vestidos con ropas oscuras, pasamontañas en la cabeza y guantes, abordaron a la víctima con dos armas de fuego y le obligaron a salir de su vehículo a la fuerza, le golpearon por todo el cuerpo, y lo empujaron hacia una de las furgonetas.Llevaron a la víctima a una nave de Catarroja (Valencia), donde lo dejaron desnudo, le golpearon de forma continua y lo amenazaron exigiéndole la entrega de 200.000 euros para liberarlo, una cifra que iban rebajando al decirles éste que no tenía el dinero.Tras dejarlo en estado de semiinconsciencia, durante el cual le quemaron con unas brasas y tiraron sobre su cuerpo un líquido para ver si reaccionaba, constataron que no iban a obtener dinero, y los acordaron liberar a la víctima, abandonándolo maniatado y desnudo en una carretera de Paiporta, donde fue encontrado.La Audiencia condena a los seis procesados por …
Summary from source