Confirmación de un gran fracaso social e institucional

La expresión “puesto en 29” se ha popularizado para referirse a la muerte de un delincuente real o supuesto a manos de la Policía, un desenlace que algunos sectores incluso aplauden. Sin embargo, celebrar que los agentes maten a una persona como castigo por los delitos que le atribuyen significa aceptar que la Policía sustituya a los tribunales e imponga una pena de muerte que la Constitución dominicana prohíbe.A mí también la delincuencia me tiene “jarto”. Quien sale a trabajar, nuestros hijos y demás familiares pueden convertirse en víctimas.

Esa angustia es legítima, pero entregarle a la Policía la facultad de decidir quién merece morir nos expone a otro peligro.Ese aplauso compromete a la Policía, al Ministerio Público, a los tribunales y al sistema penitenciario. La Policía informó que mantiene 53,877 órdenes de arresto pendientes, una cantidad que no representa necesariamente a igual número de personas. También atribuyó más de diez registros policiales al detenido por el asalto a Kenny Grullón.

Una ficha no equivale a una condena, pero ese historial obliga a preguntar qué ocurrió con las investigaciones, las acusaciones y las decisiones judiciales. ¿Dónde falló la protección que debía recibir la ciudadanía?La cárcel tampoco puede quedar fuera del examen. La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó sobre decomisos de celulares y otros objetos prohibidos a internos de Las Parras, además de medidas de aislamiento mientras se determinan las sanciones.

Las requisas son necesarias, pero encontrar esos artículos obliga a investigar cómo entraron y quién facilitó su circulación. Y con eso volvemos a los mismos males de siempre, es decir; una cárcel nueva que reproduce los mismos privilegios y complicidades de los viejos modelos. El Salvador merece estudiarse por sus resultados en seguridad y por el control que ha impuesto en sus cárceles, una experiencia que obliga a las autoridades dominicanas a explicar por qué nuestros recintos siguen siendo vulnerables al ingreso de celulares, drogas y otros artículos prohibidos.Sin embargo, ese control debe ejercerse dentro de la ley, pues la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aunque reconoce mejoras en la seguridad de El Salvador, también ha documentado denuncias de detenciones arbitrarias, abusos y muertes bajo custodia.Por otro lado, en Brasil, el método APAC combina disciplina,…