NewzEl Pacto Histórico prepara su primer congreso y acelera la definición de candidaturas para las elecciones regionales de 2027, con una agenda que incluye la elección de delegados, la actualización de sus reglas internas y el fortalecimiento de su presencia en los territorios.Según informó Cambio, la dirección nacional provisional acordó avanzar en la convocatoria del encuentro, aunque todavía no definió una fecha. Antes de hacerlo, la colectividad prevé solicitar reuniones con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría para establecer cuándo podría realizarse la elección de delegados y bajo qué garantías.El expresidente Gustavo Petro propuso que esa votación esté abierta a toda la ciudadanía. También planteó que el voto y la firma durante la jornada de elección de delegados funcionen como un mecanismo de afiliación al partido.“El Pacto Histórico debe representar al máximo, los 13 millones de electores que lo convirtieron en la mayoría nacional”, escribió Petro.La bancada incluyó la oposición y la agenda legislativa en la discusiónLa senadora Isabel Zuleta informó que la bancada del Pacto Histórico se reunió con Petro y con la dirección del partido para tratar la agenda legislativa, las prioridades de oposición y la realización del primer congreso.De acuerdo con la congresista, las orientaciones de la reunión se concentraron en los argumentos que, según la bancada, sustentan la “ilegitimidad del presente gobierno”.“Sostuvimos una importante reunión de la Bancada del Pacto Histórico con nuestro líder Gustavo Petro y con la dirección del Partido para tratar los temas de agenda legislativa, prioridades en el ejercicio de oposición y primer Congreso del Partido.Las orientaciones estuvieron al rededor de los argumentos que sustantan la ilegitimidad del presente gobierno (sic)”, expresó.Por su parte, la representante Mafe Carrascal cuestionó la relación del actual Ejecutivo con algunos sectores gremiales.
Sostuvo que durante el gobierno de Petro hubo diálogos permanentes entre el Ejecutivo, la bancada del Pacto Histórico y dirigentes empresariales, pese a las diferencias.Carrascal afirmó que el actual Gobierno no dialogará con los dirigentes gremiales que considera incómodos. Estas posiciones se conocen mientras el Pacto Histórico plantea reforzar su articulación con organizaciones sociales y contempla un paro nacional en defensa de la democracia, la vi… El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dio lugar a la medida cautelar que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y ordenó que el Gobierno nacional cumpla con lo estipulado en la Ley de Financiamiento Universitario.El reclamo de los gremios de las universidades nacionales se sostiene en que el Poder Ejecutivo aplique la recomposición del 32,5% que los salarios perdieron durante los primeros años de la administración de Javier Milei.
Además, que se actualicen las partidas para las becas destinadas a los alumnos.La medida firmada por el juez Martín Cormick señaló que el Gobierno tiene un plazo de cinco días para cumplir con la normativa, “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.Los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 —que la cautelar ordena aplicar— regulan dos aspectos centrales del sistema universitario público: la actualización de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, y la recomposición de todos los programas estudiantiles.La disputa tiene un recorrido judicial extenso. El juez Cormick dictó la cautelar original en diciembre de 2025, tras el amparo colectivo que impulsaron representantes del CIN y de distintas casas de estudio nacionales. El planteo central busca que se declare la inconstitucionalidad del decreto 759/2025, mediante el cual el Ejecutivo subordinó la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa medida al entender que el Estado no había logrado desvirtuar la verosimilitud del derecho invocado por los representantes universitarios. El tribunal de alzada también advirtió que el incumplimiento podía provocar perjuicios graves y un deterioro salarial que afectara el derecho de enseñar y aprender, y señaló que el ahorro derivado de no aplicar la norma no resultaba significativo para el presupuesto de la Administración Pública Nacional.El Gobierno intentó frenar el proceso por distintas vías: recusó a los jueces intervinientes y solicitó la excusación de los integrantes de la Corte Suprema bajo el argumento de que ejercen la docencia universitaria. El 25 de junio, los tres ministros del máximo tribunal —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— desestimaron el…
Summary from source