Conflictos en las grandes licitaciones

Imaginemos una licitación pública por mil millones de pesos. Por la naturaleza de la obra, el mercado y la capacidad técnica requerida, apenas cinco o diez empresas están realmente en condiciones de ejecutarla. Sin embargo, se presentan en el procedimiento de selección al menos cincuenta oferentes.

Aun si el procedimiento se conduce con rigor, transparencia y apego estricto a las reglas, existe una certeza aritmética indudable, y es que habrá muchos más inconformes que adjudicatarios.Algunos participantes serán excluidos porque no acreditaron la experiencia requerida, omitieron documentos esenciales o presentaron una propuesta técnicamente insuficiente. Otros superarán la evaluación técnica, pero no obtendrán la mejor puntuación conforme a los criterios establecidos en el pliego. Y otros, sencillamente, perderán frente a una oferta mejor evaluada.

Una institución que adjudica uno o varios contratos puede terminar enfrentando treinta o cuarenta potenciales impugnaciones, denuncias o campañas de cuestionamiento, algunas sólidamente fundamentadas y otras carentes de suficiente sustento técnico o jurídico.Esta realidad no debe llevarnos a descalificar el reclamo de quien no resulta favorecido. El cuestionamiento es consustancial a la contratación pública y cumple una función democrática indispensable. Las impugnaciones, la fiscalización social y la prensa ayudan a detectar arbitrariedades, conflictos de interés y desviaciones que, de otro modo, podrían permanecer ocultas.

Pero reconocer su valor no obliga a asumir que toda denuncia demuestra una irregularidad, ni que toda adjudicación controvertida es, por ese solo hecho, ilegítima.En los procedimientos de mayor cuantía no solamente se compite por un contrato, se disputan intereses económicos relevantes, posiciones de mercado, reputaciones y oportunidades futuras. Esa intensidad explica (aunque no justifica) que algunas controversias se formulen con fundamentos técnicos y jurídicos sólidos, que por lo general no son mediáticas, mientras otras respondan principalmente a la frustración de no haber obtenido el contrato. En ocasiones, la impugnación procura corregir el procedimiento; en otras, retrasarlo, encarecerlo o desacreditar a quien ganó, pero sobre todo desacreditar a la institución.Las redes sociales y la velocidad del ciclo informativo han añadido un nuevo componente.