NewzPekín, 11 oct (EFE).- China propuso endurecer los requisitos de diseño y de pruebas de los automóviles, con medidas como la prohibición de las manetas de puerta totalmente ocultas y de las pantallas plegables y flexibles, al considerar que algunos fabricantes lanzan nuevos modelos "siguiendo la moda" y sin probarlos lo suficiente.Así se desprende de un borrador elaborado conjuntamente por los ministerios de Industria y Tecnología de la Información, de Seguridad Pública y de Ecología y Medio Ambiente, así como por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR, por sus siglas en inglés).La propuesta, abierta a consulta pública hasta el próximo 10 de noviembre, pretende evitar que lleguen al mercado "diseños innovadores con riesgos de seguridad" y "productos que no hayan pasado suficientes pruebas y verificaciones de I+D"."En los últimos años, la innovación tecnológica de la industria automovilística de nuestro país ha sido muy activa (...). Pero también han surgido problemas, como que algunos fabricantes lancen nuevos productos siguiendo la moda o que las pruebas y verificaciones sean insuficientes, lo que ha aumentado los riesgos de seguridad y medioambientales de los vehículos", recoge el texto.Además de las citadas prohibiciones, el documento establece que, a partir del 1 de enero de 2027, los fabricantes que soliciten la aprobación de nuevos modelos deberán presentar más detalles técnicos de sus "diseños innovadores".En el caso de los modelos de este tipo ya aprobados, los fabricantes tendrán que remitir al Ministerio de Industria los parámetros técnicos y los materiales de verificación complementarios antes del 1 de julio de 2027."Si después de esa fecha un producto sigue sin haber declarado esos parámetros ni entregado esos materiales (...) y entraña riesgos de seguridad, el fabricante deberá detener de inmediato su producción, registrar sin demora un plan de llamada a revisión ante la SAMR y llevarla a cabo por iniciativa propia", advierte el borrador.Asimismo, el texto obliga a incluir mandos físicos en las funciones "críticas para la seguridad de la conducción" y en las de emergencia, y fija pruebas de fiabilidad de al menos 30.000 kilómetros y ensayos de adaptación ambiental de no menos de un año, entre otros aspectos.La iniciativa llega un mes y medio después de que las autoridades chinas lanzaran una campaña para mejorar la calida… Uno de los grandes males que ha acompañado a la democracia dominicana desde la desaparición de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, en 1961, es la persistencia de la corrupción en la administración pública.
A lo largo de las últimas seis décadas, los distintos gobiernos han prometido transparencia, austeridad y sanciones contra quienes utilizan los recursos del Estado para beneficio particular. Sin embargo, la repetición de escándalos, las denuncias de irregularidades y las dificultades para garantizar consecuencias oportunas han mantenido viva la percepción de que la lucha contra este flagelo todavía no alcanza los resultados esperados por la sociedad.Desde las administraciones de Leonel Fernández hasta las de Luis Abinader, pasando por los distintos partidos que han ejercido el poder, el compromiso de combatir la corrupción ha formado parte de los discursos de toma de posesión y de las promesas electorales. El problema no consiste únicamente en reconocer la gravedad de esta práctica, sino en transformar las declaraciones políticas en instituciones capaces de prevenirla, investigarla y sancionarla, sin privilegios ni excepciones.La ciudadanía está cansada de escuchar promesas que no siempre se traducen en resultados verificables.
Cada nuevo caso que involucra el uso irregular de fondos públicos, la contratación de obras, las compras estatales o el otorgamiento de beneficios particulares vuelve a plantear la misma interrogante: ¿quién vigila a quienes administran el dinero de los contribuyentes y qué consecuencias enfrentan cuando incumplen la ley?La corrupción no debe convertirse en un argumento para condenar indiscriminadamente a todos los funcionarios ni a todos los partidos políticos. Su combate exige precisamente lo contrario: investigaciones sustentadas en pruebas, respeto al debido proceso y sanciones determinadas por los tribunales. La responsabilidad penal es individual, pero la responsabilidad política y administrativa también debe exigirse cuando existen fallas de supervisión, controles deficientes o negligencia en el manejo de los recursos públicos.El costo económico y social de la corrupciónLa corrupción gubernamental no es solamente un problema moral o judicial.
Constituye un obstáculo para el desarrollo económico, la productividad y la reducción de las desigualdades. Cuando una obra pública se adjudica por favoritismo, se altera una lici…
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