NewzLa Corte Constitucional ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil adoptar medidas para eliminar barreras administrativas que afectan la participación política de las personas con identidad de género diversa y fortalecer sus procesos institucionales mediante la incorporación de un enfoque de género.La decisión quedó consignada en la Sentencia T-141 de 2026, mediante la cual la Sala Cuarta de Revisión estudió la acción de tutela presentada por Engel Cattleya Valencia, una mujer trans de 25 años residente en zona rural de Piendamó, Cauca. La corporación concluyó que la Registraduría vulneró los derechos fundamentales a la dignidad humana, la igualdad y no discriminación, la identidad de género, el acceso a la información y la participación política de la accionante, luego de que esta no pudiera ser inscrita como candidata al Consejo Municipal de Juventud para el periodo 2026-2030. Aunque la Corte declaró la carencia actual de objeto por daño consumado debido a que el proceso electoral ya había concluido, decidió pronunciarse de fondo y adoptar medidas para evitar que situaciones similares se repitan.
Las barreras que impidieron la inscripción de la candidataDe acuerdo con los antecedentes analizados por la Corte, Engel Cattleya había realizado el trámite de cambio de nombre y corrección del componente de género en sus documentos de identificación. Sin embargo, cuando el partido Dignidad & Compromiso intentó inscribirla como cabeza de lista al Consejo Municipal de Juventud de Piendamó, la plataforma virtual de la Registraduría continuaba registrándola con marcador masculino. Esa situación impidió cumplir las reglas de alternancia y paridad exigidas para la conformación de las listas, por lo que su candidatura no pudo ser formalizada.
La Sala determinó que la entidad electoral incumplió tres obligaciones fundamentales desde una perspectiva de género: diseñar una alternativa de inscripción virtual para personas trans cuyos trámites documentales aún no hubieran concluido; difundir activamente información electoral dirigida a esta población; y entregar información completa sobre la validez de la contraseña expedida mientras se producía la nueva cédula de ciudadanía. Asimismo, la Corte encontró que el registrador municipal de Piendamó incurrió en actuaciones discriminatorias al indagar a la accionante sobre procedimientos de reafirmación de género y al no …
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