NewzSan Sebastián, 13 oct (EFE).- Covite ha denunciado este martes que la decisión del Gobierno Vasco de informar a partir de ahora de forma individual a las víctimas del terrorismo de los permisos concedidos a los presos de ETA pretende "obstaculizar la fiscalización" de su política penitenciaria sobre estos reclusos.Este colectivo ha hecho público un comunicado en el que interpreta la medida "como una represalia contra la denuncia pública de los terceros grados y de las aplicaciones del artículo 100.2 a presos de ETA que no han mostrado un arrepentimiento real y público". "¿Quién les ha aconsejado que hagan esto? ¿Han hablado con las asociaciones afectadas o han preferido escuchar a EH Bildu?
¿Les molesta que denunciemos su política penitenciaria fraudulenta?", se ha preguntado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez.El Departamento de Justicia y Derechos Humanos, que dirige la socialista María Jesús San José, ha explicado este martes en una nota que ha decidido cambiar de criterio en este tipo de comunicaciones, que hasta ahora trasladaba a las asociaciones de víctimas para que estas hiciesen llegar a sus asociados con anterioridad a su ejecución "resoluciones que les afectaban emocionalmente".El Gobierno Vasco ha comprobado que este procedimiento es "inadecuado" por la "falta de transmisión a las víctimas en algún caso" y por la "filtración de aspectos sensibles y protegidos de los expedientes" en otros.Covite afirma que esta decisión es "un ataque frontal a la defensa del derecho de las víctimas a la justicia" y exige que el Ejecutivo Vasco "retire las acusaciones con las que pretende justificarla". La asociación de víctimas del terrorismo, Covite, ha denunciado que el Gobierno Vasco "cierra el acceso a la información penitenciaria a las asociaciones de víctimas para obstaculizar la fiscalización de su política con los presos de ETA".En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado la decisión del Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco de "dejar de comunicar las resoluciones penitenciarias relativas a los presos de ETA a las asociaciones de víctimas".Para el colectivo, esta medida constituye "un ataque frontal a nuestro derecho de conocer y denunciar decisiones que afectan directamente al derecho a la justicia de las víctimas del terrorismo", además, de "un intento de obstaculizar nuestra legítima denuncia pública de la política penitenciaria que está llevando a cabo ese Ejecutivo autonómico".Ordóñez ha criticado que el Gobierno Vasco "utilice su obligación de informar directamente a las víctimas (Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito) como excusa para dejar de informar también a las asociaciones que las representan". "Que informen directamente a las víctimas afectadas por sus resoluciones es lo que deben hacer", ha subrayado.La presidenta de Covite ha incidido en que "esa obligación no exige cerrar el canal de información con las asociaciones que ellas han elegido libremente para que las representen, les informen y defiendan sus derechos".
"Ambos canales son compatibles y complementarios", ha opinado.A juicio de Covite, resulta "especialmente grave que el Departamento justifique su decisión atribuyendo a las asociaciones falta de transmisión de información y filtración de aspectos protegidos de los expedientes, sin identificar en su nota los hechos concretos ni las entidades a las que se refiere".Según Ordóñez, "no pueden lanzar sospechas sobre el conjunto de las asociaciones y utilizarlas para imponer un cierre general de información". "Si tienen alguna acusación que formular, que la concreten y la acrediten", ha afirmado, para subrayar a continuación que, "lo que resulta inaceptable es desacreditar públicamente a quienes defendemos a las víctimas para justificar una decisión que dificulta nuestro trabajo".Ordóñez ha señalado que el Gobierno Vasco "culpa" a Covite "de que algunas víctimas no hayan recibido información, cuando es su obligación garantizar que la reciban" y cua…
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