“Hay diferentes visiones dentro de la mesa”, precisó uno de los integrantes del ala política que responde al presidente Javier Milei, en referencia a la demora en el tratamiento de los principales proyectos legislativos y los criterios para sellar acuerdos electorales con los gobernadores aliados. Ante un calendario legislativo cada vez más ajustado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabeza este martes una nueva reunión de la mesa política para acelerar el tratamiento de la larga lista de proyectos enviados al Congreso. A posteriori, los interlocutores de La Libertad Avanza recibirán a los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Fernando de Andreis, con el mismo objetivo.
El nuevo encuentro del reducido círculo designado por el Presidente se da en la previa de una sesión prevista para este miércoles al mediodía en la Cámara de Diputados. En el temario figura la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, junto con los proyectos de endeudamiento familiar y discapacidad.Para la ocasión, la menor de los Milei no se sumó a la comitiva presidencial que viajó a España y optó por permanecer en Buenos Aires para seguir de cerca los sucesos.Como ocurre con la reforma electoral, la iniciativa de discapacidad abrió un nuevo debate interno en torno al articulado alcanzado con los aliados. Las concesiones presupuestarias en el texto, contrarias al ajuste contemplado en el proyecto de Presupuesto 2027, parecen no convencer al Ministerio de Economía.
Así lo dejó en claro el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, cuando expresó que desde el Poder Ejecutivo apuntaban a “otra cosa”. El pragmatismo que algunos destacan para avanzar en la hoja de ruta es señalado por otros como “concesiones innecesarias” que deforman los proyectos. En el sector que busca negociar con los aliados se ubican el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
Esa postura suele encontrar resistencia en Luis y Santiago Caputo.En medio de los debates, Martín Menem subió una selfie para anunciar el inicio del intercambio que comenzó a las 13.12. “Arranca la mesa politica”, publicó el legislador desde su cuenta de X. Otra de las diferencias que convergen en la mesa gira en torno a los tiempos y criterios para los acuerdos con mandatarios provinciales aliados.
Mientras los Caputo piden acelerar las definicion… Moscú, 20 oct (EFE).- Un grupo de diputados rusos presentó este martes ante la Duma o cámara baja del Parlamento local un proyecto de ley para endurecer el castigo por llamamientos a desórdenes y la justificación del terrorismo, informó uno de los autores del documento. "Junto con mis colegas, presentamos un proyecto de ley ante la Duma Estatal cuyo objetivo es fortalecer la seguridad del Estado y proteger a nuestros ciudadanos", escribió en Telegram Vasili Piskariov, jefe del Comité para la seguridad y la lucha contra la corrupción.Actualmente, el llamamiento a disturbios masivos se castiga con pena de prisión de hasta dos años.
Los promotores del proyecto de ley proponen aumentar esta pena a cuatro años, y a seis años si los actos se cometieron a través de internet o los medios de comunicación.También se castigarán con hasta seis años los llamamientos públicos a cometer actos terroristas o la justificación del terrorismo.Además, Piskariov y otros seis diputados proponen aumentar la multa máxima de 200.000 a 500.000 rublos en caso de actos de violencia contra los representantes del poder. "La aprobación de esta ley permitirá imponer castigos más severos a quienes inciten a la violencia masiva y, además, privará de la posibilidad de usar redes sociales, aplicaciones de mensajería y otros recursos digitales durante un período mucho más prolongado a quienes justifiquen públicamente el terrorismo y promuevan esta ideología misantrópica en línea", aseguró Piskariov. El parlamentario aseguró que el proyecto de ley cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo y del gobierno.A principios del mes, el Gobierno presentó ante la Duma un proyecto de ley para aumentar las multas por diversas infracciones administrativas, con lo que espera generar 5.200 millones de rublos (cerca de 62 millones de dólares) anuales para el presupuesto.El documento incrementa las multas contempladas en una treintena de artículos del Código de Infracciones Administrativas.El aumento varía dependiendo del caso: para algunas infracciones, las multas se duplicarán, mientras que para otras, se multiplicarán por diez.El mayor aumento propuesto por el Gobierno afecta a las personas físicas que produzcan y distribuyan "materiales extremistas".De ser aprobado por la Duma, la multa máxima aumentará más de 33 veces, pasando de los 1.000-3.000 rublos actuales (es decir, 12 o 36 dólares) a entre 50.000 y…
Summary from source