El caso Christa Pike agita el debate por la pena de muerte

El comisionado del Departamento de Corrección de Tennessee, Frank Strada, renunció este 3 de octubre a su cargo como consecuencia de la ejecución fallida de Christa Pike, la primera mujer que enfrentaba la pena capital en el estado en más de 200 años.El caso de Pike ha reavivado el debate sobre la pena de muerte. Las descripciones de testigos y de sus abogados hablan de un proceso “ineficiente, cruel y tortuoso”, que ahora ha dejado al mismo estado que debía acabar con su vida como responsable de mantenerla viva, intubada y conectada a respiración mecánica.Tras los dramáticos testimonios que relataron como Pike decía "siento que mi brazo va a reventar. ¿Esto suele pasar así?", los cuestionamientos no solo se dirigen a la efectividad del procedimiento en sí, sino que incluso apuntan a plantear de nuevo las preguntas sobre la pena de muerte como opción punitiva."La pena de muerte no tiene cabida en ninguna sociedad", dijo la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en un comunicado acerca de la fallida ejecución de Pike, en el que la agencia se declaró “preocupada” por el aumento de las ejecuciones en Estados Unidos.Incluso Volker Türk, alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, hizo un llamado para que el estado de Tennessee desista de intentar ejecutar nuevamente a Pike.

RELACIONADAS Actualidad Renuncia el jefe de prisiones de Tennessee que supervisó ejecución fallida de condenada a muerte "El sufrimiento prolongado – físico y mental – que surge de múltiples intentos fallidos de ejecución es abominable y cruel. Y aún quedan cuestiones clave sobre un juicio justo sin resolver", señaló la Oficina de Derechos Humanos en su boletín.Lorena González, abogada y consultora en Derechos Humanos que conversó con France 24 en Español, recordó que “a una persona juzgada y condenada no se le extinguen sus derechos fundamentales” y admitió que “la denuncia de sus abogados plantea cuestiones muy serias desde el derecho internacional humanitario”.“No podemos afirmar que se cometió tortura sin una investigación que permita considerar todos los elementos jurídicos, pero tampoco podemos reducirlo a un simple fallo técnico”, apuntó González.“Cumplir un protocolo no significa que se ha cumplido con los derechos humanos. Cuando una persona sobrevive a un intento de ejecución, el Estado tiene obligaciones inmediatas: proteger su vida, garantizar su atención médica, inve…