Barcelona, 24 jul (EFE).- Aliança Catalana ha inaugurado este viernes su nueva "sede nacional" en Ripoll (Girona), el feudo de Sílvia Orriols, líder del partido y alcaldesa del municipio.A la inauguración de la sede, ubicada en la Plaça de l'Ajuntament de Ripoll, ha asistido la plana mayor del partido, con Orriols a la cabeza, junto a otros dirigentes como el secretario de organización, Oriol Gès, o el alcaldable de Aliança por Barcelona, Jordi Aragonès.Orriols, encargada de cortar la cinta en el estreno de la sede, ha destacado el "momento histórico" que supone la inauguración de esta sede: "Nada hacía prever que llegaríamos hasta donde hemos llegado, en tan poco tiempo, con tan pocos recursos", ha destacado.Aliança Catalana nació en mayo de 2020 precisamente en Ripoll, donde en 2023 Orriols logró la alcaldía tras ganar las elecciones municipales.Pese a que el pasado mes de diciembre Aliança inauguró un local en la ciudad de Barcelona, la formación que encabeza Orriols considera que su "sede nacional" sigue siendo Ripoll.De sus actuales dos escaños en el Parlament, Aliança podría dispararse hasta los 23-25 en unas nuevas elecciones catalanas, hasta situarse en tercera posición, solo por detrás de PSC y ERC y muy por delante de Junts, según el último barómetro del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. El comité organizador conjunto de Nueva York y Nueva Jersey para el Mundial 2026, NYNJWC26, afirmó que recibirá la mayor parte de los ingresos por la venta del césped retirado del estadio MetLife tras el torneo, una operación que abrió una disputa en Nueva Jersey porque el estado destinó más de USD 13 millones al diseño, la instalación y el mantenimiento del campo natural temporal.La controversia se activó después de que se anunciara que la FIFA venderá 2.026 fragmentos de ese césped por valores de USD 450 a USD 3.000. Cada pieza, según el anuncio, estará encapsulada en acrílico e incluirá un recuerdo en formato USB.Según informó PIX11 News, un medio local de televisión, el comité organizador sostuvo que esos fondos se reinvertirán en iniciativas en la región.
Natalie Hamilton, portavoz del comité anfitrión, dijo que el césped no es propiedad de Nueva Jersey y aseguró: “También puedo confirmar que contamos con los permisos necesarios para venderlo”.El reclamo político en Nueva JerseyLa reacción política fue inmediata. La gobernadora demócrata Mikie Sherrill cuestionó el esquema de distribución de beneficios y el asambleísta republicano Michael Inganamort calificó el procedimiento de “ilegal”.Maggie Garbarino, portavoz de Sherrill, expresó la posición de la gobernadora en estos términos: “Como ha dicho la gobernadora, Nueva Jersey pagó varios millones (de dólares) para cubrir el costo total del césped del estadio MetLife, por lo que los contribuyentes de Nueva Jersey deberían participar de cualquier beneficio económico obtenido”.El debate en el estado no se concentró solo en el reparto final, sino también en quién tiene derecho a disponer del material una vez concluido el torneo, en particular si el financiamiento público cubrió la instalación del campo temporal.El gasto estatal y la discusión por la propiedadDe acuerdo con documentos estatales citados por TimeOut, un medio de información y entretenimiento, la Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey gastó más de USD 13 millones en el diseño, la instalación y el mantenimiento del campo temporal de césped natural. Ese terreno reemplazó al habitual césped artificial del estadio MetLife para la disputa del torneo.Esa es la base del reclamo político: si el dinero público financió el campo, una parte de cualquier ingreso derivado de su venta debería volver a los contribuyentes.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) apelará la decisión de una jueza que ordenó al Ministerio Público (MP) pagar más de 7.5 millones de pesos por un teléfono celular incautado a un imputado del proceso judicial por presunta corrupción administrativa que involucra a Hugo Beras y Jochi Gómez.A través de un comunicado de prensa, el órgano acusador afirmó que la decisión de la magistrada está "plagada de graves vicios procesales" y favorece al imputado Juan Francisco Álvarez Carbuccia.En ese sentido, explicó que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, titular del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emitió la decisión pese a haber sido desapoderada del caso desde el 24 de octubre de 2025. RELACIONADAS Justicia Jueza condena a la Procuraduría General a pagar más de RD$7.5 millones a imputado de caso Intrant Indicó que, a partir de esa fecha, el proceso pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que conoció la audiencia preliminar y dictó el auto de apertura a juicio.Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado, adscritos a la Pepca, sostuvieron además que la magistrada desnaturalizó la figura de la astreinte y, sobre esa base, fijó una suma que calificaron de "exorbitante", con la que, a su juicio, pretende convertir esa figura jurídica en una indemnización a favor de un procesado por corrupción."Recibimos la notificación de la decisión el jueves y tenemos 20 días para presentar el recurso de apelación", dijo Jonathan Pérez, quien recordó que el juicio contra Álvarez Carbuccia está pautado para el próximo 11 de agosto en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.Asimismo, explicó que el tribunal que actualmente conoce el proceso por corrupción tampoco tiene competencia para decidir sobre la reclamación del teléfono celular presentada por Álvarez Carbuccia, debido a que no se trata de una jurisdicción administrativa.La decisión de la jueza Padilla Rosario establece el pago de 7. 5 millones al procesado, por concepto de liquidación de la astreinte de una serie de bienes que ya recibió.
Además, reclama la entrega de una móvil marca Samsung S3, cuyo valor de mercado ronda alrededor de 3 mil pesos.El casoÁlvarez Carbuccia figura como imputado en el proceso seguido contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a…
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