NewzAmigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideran que el proyecto de Real Decreto de centros de datos del Gobierno es "insuficiente" a la hora de prevenir y reducir de forma adecuada sus impactos ambientales y sociales de estas instalaciones. En este sentido, reclaman modificaciones al texto para implantar límites al consumo de agua y energía.Por ello, han presentado alegaciones junto a otros actores sociales al proceso de audiencia e información pública del proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, ambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, según han informado este viernes en un comunicado conjunto.Si bien han valorado que el Ejecutivo avance en la regulación de un sector en rápida expansión, los ecologistas han reclamado una regulación más ambiciosa que garantice que el desarrollo de nuevos centros de datos respete los límites ambientales y sociales de cada territorio y responda a criterios de suficiencia, eficiencia y cobertura con energías 100% renovables, teniendo en cuenta además los efectos presentes y futuros del cambio climático.En total, plantean tres cambios principales. Uno de ellos es establecer salvaguardas ambientales y sociales máximas al consumo de agua y energía de los centros de datos y evaluar el impacto acumulado de todos ellos en un territorio, no proyecto por proyecto.Otro es decidir dónde y en qué condiciones pueden instalarse y exigir que su nueva demanda eléctrica se cubra con generación 100% renovable, "sin desplazar las necesidades de descarbonización del resto de la sociedad ni aumentar la presión sobre territorios y biodiversidad".Por último, demandan aplicar el principio de precaución, mejorar la transparencia y garantizar una participación pública suficiente y rendición de cuentas antes de autorizar una expansión de esta magnitud.
A su juicio, esto tendría que suceder a la par que se reconoce que existen "ciertos riesgos por la manipulación y desinformación que pueden mermar los procesos democráticos y los derechos colectivos".En este marco, han recordado que un centro de datos para inteligencia artificial de 100 megavatios (MW) puede consumir al año tanta electricidad como unos 100.000 hogares, según la Agencia Internacional de la Energía. En lo que respecta a España, han puesto como ejemplo que el cen… Madrid, 11 sep (EFE).- El Gobierno aboga por un desarrollo "ordenado y eficiente" de los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) que deberán consumir un 80% de renovables, cumplir los estándares europeos "más exigentes" de consumo de agua y energía y ser operados por entidades establecidas en la UE, según fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).Este jueves ha finalizado el plazo de alegaciones al proyecto de real decreto presentado por el Gobierno que establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, resiliencia y soberanía digital para los centros de datos."Por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables España es un país ´muy atractivo´ para instalar estos centros", han recordado este viernes las mismas fuentes.Sin embargo, han advertido de que se han concedido derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas por más de 12 GW, "el triple del objetivo sectorial", concentrados en unos pocos territorios: 3,6 GW en Aragón -que triplicarían la demanda eléctrica de la comunidad- y 4,1 GW en Madrid -que duplicarían su consumo-.La Estrategia de Inteligencia Artificial actual prevé "un despliegue de CPD con una potencia de computación acumulada de 2,5 GW para 2030, equivalentes a unos 4 GW de demanda eléctrica", han señalado.Ante el aumento del precio de la electricidad, las tensiones por el abastecimiento de agua y el rechazo social provocados por los CPD en otros países, el Gobierno ha diseñado un proyecto de Real Decreto que incluye "requisitos en materia de resiliencia y soberanía digital", así como "requisitos en materia de sostenibilidad hídrica y energética" para los CPD de más de 1 MW, han explicado.Según fuentes del Miteco, los CPD tendrán que estar operados por una entidad establecida en la UE "que mantendrá los datos relativos a la operación del centro en territorio comunitario y que adoptará medidas frente a los accesos de autoridades de terceros países no amparados por el Derecho europeo".En materia de sostenibilidad ambiental, los CPD españoles "consumirán un 80% de nueva energía renovable en todas sus horas de funcionamiento", un requisito que "desaparecerá cuando el mix de generación supere el 90% de renovables".Los proyectos de CPD que incumplan esta medida sufrirán "penalizaciones crecientes en sus facturas eléctricas" para compensar el sobrecoste que, "de otro modo, re…
SpainDC, la asociación española de data centers, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante el real decreto del Gobierno.El Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden con nueva generación renovable, cada hora de funcionamiento, al menos un mínimo del 80% de su consumo energético, según el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers'.En este contexto, la asociación presentó ayer sus alegaciones a este proyecto de real decreto, desarrollado por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Economía, Comercio y Empresa; y Transformación Digital y Función Pública.El presidente de SpainDC, Emilio Díaz, ha instado este viernes al Gobierno a sentarse a dialogar sobre esta cuestión, puesto que el sector desconocía los planes del Ejecutivo y el real decreto incluía "cosas que eran muy graves" para la industria. Desde el primer día solicitamos una reunión y se nos remitió a las alegaciones", ha lamentado, al tiempo que ha avanzado que todavía no hay un encuentro agendado.Díaz ha añadido que los proyectos de los tres inversores que han amenazado con marcharse si se aprueba el decreto representan el 15% de los 66.900 millones de euros en inversiones previstos para España hasta 2030.Por su parte, la directora ejecutiva de la asociación, Begoña Villacís, ha afirmado: "Podemos negociar, pero lo que no es negociable es que España se convierta en el país más restrictivo de Europa".Asimismo, Villacís ha lamentado que España sea el mercado "menos atractivo" de Europa desde que se dio a conocer la nueva normativa en la que trabaja el Gobierno, apuntando que los afectos han sido "devastadores". "La sensación de inseguridad jurídica que estamos provocando es inadmisible", ha indicado.La directora general de SpainDC ha explicado que las alegaciones presentadas "se nutren" de todo el sector, formado por más de 300 socios.
"Este real decreto ha conseguido la completa unanimidad en contra de su aplicación", ha criticado Villacís.
Summary from source