NewzMadrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que sustituye al de 2010 y que contempla el derecho a la conciliación laboral, becas que tengan en cuenta el coste de la vivienda o el derecho al paro académico.Estas son algunas de las claves de un texto consensuado con la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), con el Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado (Ceune) y con la Coordinadora de Representantes de las Universidades Públicas (Creup).- Las universidades facilitarán y promoverán el alojamiento en condiciones de dignidad y suficiencia para sus estudiantes y establecerán precios "adecuados".- Los programas de becas comenzarán a tener en cuenta de forma progresiva factores como el coste del alojamiento estudiantil (si el estudio implica movilidad residencial) además de la situación socioeconómica y las necesidades reales.- Las universidades estarán obligadas a ofrecer información sobre las opciones de alojamiento disponibles, tanto los servicios propios y conveniados, como las bolsas de alojamiento de la ciudad donde se ubique la universidad o de sus localidades próximas. - El paro o huelga académica total o parcial se reconoce como derecho y se prevé que las universidades regulen cómo ejercerlo con participación de la representación estudiantil, respetando también el derecho a la educación.- Las universidades deberán dar apoyo psicológico al alumnado y cuidar de su salud mental, disponer de unidades específicas y de un protocolo de actuación, prevención e intervención ante conductas suicidas, acoso o ciberacoso.- Las universidades deberán adaptar los planes de estudio, de evaluación y de prácticas así como la movilidad nacional e internacional al estudiantado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo.- También programas de tutoría permanente para el estudiantado con discapacidad a lo largo de todos sus estudios.- Derecho a recibir asesoramiento sobre la inserción laboral y el futuro profesional de los estudios que esté cursando todo el estudiantado.- Las universidades están obligadas a aprobar Normas de Convivencia de obligado cumplimiento y a crear una Comisión de Convivencia paritaria.- Se garantiza que las cuantías de las becas y ayudas se abonen previamente a la realización de la acción de movilidad y los estudiantes participarán en la… Madrid, 20 oct (EFE).- El Gobierno ha aprobado subvenciones directas por valor de 45 millones de euros para financiar la construcción, ampliación o rehabilitación de residencias universitarias en siete ciudades españolas que, en una primera fase, aportarán cerca de 2.000 nuevas plazas para estudiantes, docentes e investigadores.El Consejo de Ministros ha dado luz verde al real decreto por el que se verán beneficiadas la Universidad Autónoma de Madrid (13,36 millones), el Campus de Albacete de la UCLM (8,19 millones), la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (6,5 millones), la Universidad de Burgos (5,94 millones), la Jaume I de Castellón (4,45 millones), la Universidad de Jaén (3,56 millones) y el Ayuntamiento de Lleida (2,97 millones).
El objetivo es que a través de la colaboración público-privada se amplíe la oferta residencial para estudiantes, personal docente e investigador con precios asequibles en un plazo de seis años, aunque la entidad beneficiaria podría solicitar una prórroga de hasta tres años adicionales, según el texto del decreto al que ha tenido acceso EFE."Vamos a acompañar a las universidades y facilitar el acceso donde más hace falta y a quién mas hace falta, porque hemos detectado que especialmente los jóvenes universitarios han tenido que renunciar a las universidades donde querían cursar sus estudios por el precio del alojamiento", ha dicho la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que ha apuntado que este debe ser un plan "inspirador" para el resto de administraciones públicas.El decreto incide en que facilitará la movilidad académica y reducirá la presión sobre el mercado del alquiler en las ciudades universitarias ante el incremento del número de estudiantes matriculados y de la internacionalización."La disponibilidad y el coste del alojamiento pueden condicionar la movilidad académica, la elección de centro y titulación y la igualdad efectiva de oportunidades en el acceso y permanencia en la educación superior", resalta el decreto, que recuerda que la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE señala que 67 % de las personas de 16 años o más que han querido cambiar de vivienda no lo han podido hacer por el precio excesivo.La norma llega al Consejo de Ministros tras cerrarse su trámite de audiencia pública el 9 de septiembre y no necesitará ser convalidada por las Cortes Generales.
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