NewzEl Gobierno ha decidido sacar adelante por la vía del decreto-ley una de las medidas pendientes de su agenda de regeneración institucional: la creación de un registro público y obligatorio de ‘lobbies’. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en su primera reunión tras el parón de verano, una norma que pretende arrojar luz sobre las relaciones entre los grupos de interés y los responsables de la Administración General del Estado.La decisión llega después de que el proyecto de ley específico sobre los ‘lobbies’, que ya se encontraba en tramitación parlamentaria, quedara encallado en el Congreso ante la falta de consenso suficiente entre los grupos. El Ejecutivo ha optado así por el decreto-ley para poner en marcha el registro, aunque la norma tendrá que ser convalidada por la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días.El Ministerio para la Transformación Digital y de Función Pública sostiene que el texto aprobado recoge buena parte del trabajo desarrollado durante la tramitación parlamentaria e incorpora enmiendas planteadas por los grupos políticos.
El objetivo declarado es reforzar la transparencia y la rendición de cuentas en una actividad habitual en las democracias occidentales, pero que hasta ahora carecía de un registro estatal obligatorio en España.Un registro público para saber quién intenta influir en el GobiernoLa nueva regulación establece que los grupos de interés deberán inscribirse obligatoriamente en un registro estatal gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. La información será pública, gratuita y accesible a través del Portal de la Transparencia y de la propia página del organismo supervisor.La definición de ‘lobby’ que maneja el decreto es amplia. Incluye a personas físicas y jurídicas y también a agrupaciones sin personalidad jurídica, como plataformas, foros o redes, siempre que desarrollen actividades destinadas a influir en responsables públicos.
Empresas, organizaciones empresariales, ONG y otras entidades podrán quedar incluidas cuando traten de incidir en decisiones de la Administración.La norma considera actividad de influencia cualquier comunicación, directa o indirecta y por cualquier canal, que tenga como finalidad intervenir en la toma de decisiones públicas, en el diseño o aplicación de políticas o en la elaboración, modificación o aprobación de normas. Madrid, 25 ago (EFE).- El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto ley para crear un registro "estatal, público y obligatorio" de los grupos de interés, medida incluida en el proyecto de ley de 'lobbies' que envió hace más de año y medio al Congreso y que está bloqueado por falta de apoyos parlamentarios.El decreto ley entrará previsiblemente en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero deber ser convalidado en el plazo de un mes en el Congreso.Según ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, el decreto, aprobado a propuesta de del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, crea un registro estatal de los grupos de interés, gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, y regula su relación con el personal de la administración pública susceptible de recibir influencia.Detalla además quiénes tienen consideración de grupos de interés, qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla. El pasado junio el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, llamó a todos los grupos parlamentarios a tramitar y aprobar la denominada 'ley de lobbies', un proyecto que reclama el sector para dar transparencia a su trabajo y evitar que una labor que consideran legítima sea confundida con la corrupción o el tráfico de influencias.El bloqueo del proyecto regresó a primera página con la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias, entre otros delitos.
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