El lavado de activos se ha convertido en uno de los principales desafíos para la seguridad y la economía ecuatorianas. Además de constituir un delito financiero, representa el mecanismo que permite a las organizaciones criminales ocultar el origen ilícito de sus ganancias, incorporarlas a la economía formal y financiar la expansión de actividades como el narcotráfico, la minería ilegal, la corrupción, la trata de personas o el tráfico de armas. Así lo sostiene el estudio Una aproximación a la medición del lavado de activos en Ecuador: magnitud, modalidades y tipos, elaborado por el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), del proyecto Crime-Lab de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (PADF).
El documento explica que el lavado de activos consiste en otorgar apariencia de legalidad a bienes o recursos provenientes de actividades ilícitas. Para ello, el proceso combina tres elementos esenciales: el ocultamiento del origen del dinero, su legitimación mediante operaciones aparentemente legales y, finalmente, su incorporación al circuito económico formal. Según el informe, este proceso suele desarrollarse en tres fases.
La primera es la colocación, cuando los recursos —generalmente en efectivo— ingresan al sistema financiero o al circuito económico formal. Posteriormente ocurre la estratificación, que implica una cadena de transacciones, transferencias internacionales, compraventa de bienes o incluso conversiones a criptomonedas destinadas a dificultar el rastreo del dinero. Finalmente, la integración permite que esos recursos reaparezcan como aparentemente legítimos mediante inversiones, empresas fachada o adquisición de bienes de lujo.
Cuantificar este fenómeno continúa siendo una tarea compleja. Sin embargo, tomando como referencia las estimaciones de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el OECO calcula que el lavado de activos equivale a entre el 2% y el 5% del producto interno bruto. Aplicado a la economía ecuatoriana de 2025, ese porcentaje representa un rango estimado de entre USD 3.910 millones y USD 6.516 millones susceptibles de ser blanqueados dentro del sistema económico nacional.
El estudio advierte que el lavado de activos constituye actualmente la cuarta principal expresión del crimen organizado en Ecuador y funciona como el “motor estratégico” de las economías ilícitas.
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