NewzEn las montañas de Los Ríos, provincia Bahoruco, desde donde se contempla el lago Enriquillo, Genaro Díaz Rivas decidió sembrar pinos. Era 2001 y, según recuerda su hija, Marlennis Díaz, algunos vecinos se burlaban: le decían que aquellos árboles no dejaban dinero, que mejor cultivara habichuelas. Él continuó.Durante 25 años cuidó la plantación, incluso cuando tuvo dificultades económicas.
La intención inicial de aprovechar la madera fue dando paso al deseo de conservar el bosque y desarrollar un proyecto familiar de pequeñas cabañas para recibir visitantes.El viernes 11 de septiembre, un incendio alcanzó la propiedad y frustró esos planes. Medio Ambiente reportó aproximadamente 100 tareas afectadas en Pino Fresco, a 1,340 metros sobre el nivel del mar, en el sistema montañoso de la Sierra de Neiba. Según el mapa aportado para este reportaje, el punto identificado queda fuera de los límites del parque nacional del mismo nombre.Un patrimonio que decidieron conservarMarlennis, activista ambiental de la zona, cuenta que su padre comenzó la siembra con apoyo de un proyecto de cooperación internacional.
Aunque tenían un permiso de aprovechamiento, asegura que decidieron mantener los árboles en pie.“Nosotros nunca cosechamos ni un solo árbol de pino de ahí”, afirma.La familia esperaba reunir los recursos necesarios para construir las cabañas. Había sembrado también unas 2,500 plantas de café en una parte del terreno, con la intención de incorporarlas a la experiencia de los visitantes.“Eso era un proyecto familiar que nosotros teníamos tan bonito, de tanto tiempo”, expresó Marlennis a Diario Libre.Para Genaro, de 67 años, el bosque representaba también un patrimonio para sus siete hijos. Según su hija, tres de ellos son menores de edad y todavía dependen de él.
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La aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que regula los juegos de azar en la República Dominicana marca el inicio de una nueva etapa para una industria que, durante años, ha operado bajo un marco regulatorio que hoy se encamina hacia una profunda transformación.Mientras el proyecto permanece a la espera de la decisión del Poder Ejecutivo, los operadores del sector no deberían asumir una posición pasiva. Por el contrario, este es el momento oportuno para comenzar a evaluar qué tan preparadas están sus estructuras para responder a las nuevas exigencias regulatorias, tecnológicas y de cumplimiento.Uno de los principales cambios planteados es la creación de la Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como órgano de fiscalización. A esto se suma un período de adecuación de un año para que los operadores existentes regularicen su situación, actualicen su documentación y realicen las adecuaciones tecnológicas requeridas.Las concesionarias de loterías electrónicas con contratos estatales también deberán afrontar un proceso de transición hacia un nuevo esquema de licenciamiento.
Al mismo tiempo, aumentarán las exigencias relacionadas con la transparencia corporativa, incluyendo un mayor control sobre accionistas, administradores y beneficiarios finales.El crecimiento de los juegos de azar por internet representa otro de los grandes desafíos. La operación en línea estará sujeta a licencias y controles específicos destinados a combatir las operaciones no autorizadas, lo que obligará a los operadores a revisar sus plataformas, mecanismos de identificación, sistemas de control y procesos internos.También cambia la perspectiva sobre las licencias. El proyecto establece diferentes períodos de vigencia según la actividad: tres años para bingos; cinco años para bancas de lotería, juegos virtuales y agencias hípicas; y diez años para casinos, bancas deportivas, licencias de tragamonedas y juegos de azar por internet.Pero la transformación no será exclusivamente administrativa o tecnológica.
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