The Supreme Court sends a complaint to Algeciras against the former mayor for alleged sexual offense after he lost his parliamentary immunity.

El Tribunal Supremo ha remitido a los juzgado de Algeciras (Cádiz) una denuncia por presunto delito sexual contra el exalcalde de la ciudad José Ignacio Landaluce, que ya tampoco es senador después del adelanto electoral y, por tanto, no tiene aforamiento.A través de un auto, recogido por Europa Press, la Sala de lo Penal declara, por ello, la pérdida de competencia del alto tribunal para continuar con el conocimiento de la denuncia presentada.Los magistrados acuerdan enviar la causa al Servicio Común de Registro y Reparto de Algeciras (antiguo decanato) para que se reparta la misma al juzgado que resulte competente.En concreto, la denuncia contra Landaluce se presentó por un presunto delito contra la libertad sexual y, de forma complementaria o subsidiaria, de un delito contra la Administración Pública.Landaluce oficializó este domingo su renuncia como alcalde tras la presión del partido por el que estaba en el cargo, el PP, ante las denuncias en su contra, y que venía ocupando desde junio de 2011.La semana pasada, declaró como investigado ante la jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Algeciras por un presunto delito contra la libertad sexual y, a su salida, defendió que es "inocente" y pidió "celeridad en la justicia porque una de las faenas que tiene una acusación es la pena de telediario". Algeciras (Cádiz), 26 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha determinado que no es competente para instruir una denuncia por delitos contra la libertad sexual contra el exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, al haber perdido su condición de senador con la disolución de las cámaras.Por tanto, la Sala Penal del Supremo ha acordado remitir la denuncia al Servicio Común de Registro y Reparto de Algeciras (Antiguo Decanato), a efectos de que se reparta al Juzgado que resulte competente, ha informado este tribunal.La denuncia contra Landaluce ante el Supremo fue presentada el pasado mes de septiembre por una militante del PP que le acusó de un presunto delito contra la libertad sexual y, de forma complementaria o subsidiaria, del delito contra la administración pública.