El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) fijó el 10 y 11 de noviembre de 2026 como las fechas para las audiencias orales en el caso que Argentina presentó contra el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. Mediante una orden firmada este martes por el presidente del organismo, el juez Maurice K. Kamga, el tribunal con sede en Hamburgo puso en marcha el reloj procesal para decidir si frena el proyecto petrolero Sea Lion en la cuenca norte de las Islas Malvinas mientras se constituye el tribunal arbitral que tratará el fondo de la controversia.
La orden, refrendada por la registradora Ximena Hinrichs Oyarce, reserva el procedimiento subsiguiente para decisión posterior.La decisión llega exactamente una semana después de que Buenos Aires presentara su solicitud de medidas provisionales, el 13 de octubre, y marca el ritmo acelerado que suelen tener estos procedimientos de urgencia. Argentina pide que se ordene al Reino Unido impedir el inicio o la continuación de la explotación petrolera en la zona, que se abstenga de usar información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que cese de impedir el cumplimiento de obligaciones ambientales y que no otorgue nuevos permisos que puedan agravar la disputa.La orden del juez Kamga —registrada como caso número 37 en el tribunal— formaliza un procedimiento que se activó a velocidad inusual. El 28 de septiembre, el gobierno de Javier Milei instruyó a la Cancillería a iniciar un arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) y notificó formalmente a Londres.
La advertencia fue explícita: si en dos semanas no se frenaba la explotación, Argentina acudiría a Hamburgo.El plazo venció el 12 de octubre sin cambios en la postura británica. Al día siguiente, el canciller Pablo Quirno formalizó la solicitud ante el ITLOS, apoyada en el artículo 290, inciso 5, de la Convemar, que permite pedir medidas provisionales cuando aún no se ha constituido el tribunal arbitral y la urgencia de la situación lo exige. El Reino Unido ya había rechazado las medidas el 11 de octubre, en una nota que la presentación argentina describe como “una mera repetición de argumentos previamente planteados”.El escrito de 49 páginas, firmado por el embajador Mario Oyarzábal como agente ante el tribunal, fue preparado con intervenci…
Berlín, 20 oct (EFE).- Argentina y Reino Unido expondrán sus argumentos en el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) los próximos 10 y 11 de noviembre sobre las medidas solicitadas por Buenos Aires respecto a la explotación del yacimiento de Sea Lion, próximo a las islas Malvinas, administradas por Londres aunque el país sudamericano reclama su soberanía. Según informó este martes en un comunicado el TIDM, con sede en la ciudad alemana de Hamburgo, el presidente de dicho tribunal, Maurice K. Kamga, fijó esos días para la vista, que será pública y se celebrará en la sala principal del tribunal, sobre las medidas provisionales solicitadas por Argentina el pasado martes.
Ese día, el Gobierno argentino solicitó dichas medidas "con arreglo al apartado 5 del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar", en el marco de su contencioso sobre la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Suroccidental, recordó el tribunal. Buenos Aires quiere frenar la explotación británica de los hidrocarburos en las islas y, en concreto, que Londres se abstenga de utilizar la información obtenida durante la etapa de exploración y deje de "impedir" que Argentina "cumpla con su obligación" de "proteger y preservar el medio marino de las áreas marítimas objeto de la controversia".El Ejecutivo del presidente Javier Milei también pidió medidas para que Reino Unido "se abstenga de adoptar cualquier otra medida que pueda agravar la controversia, en particular el otorgamiento de nuevos permisos para la explotación de los recursos de la plataforma continental en disputa". El objetivo de Argentina pasa por detener el avance de Sea Lion, un proyecto 'offshore' operado por Navitas (65 %) y del que es también socia la británica Rockhopper (35 %) para comenzar a extraer crudo en 2028 en la cuenca Malvinas Norte, a 200 kilómetros al norte del archipiélago.
Argentina considera "ilegales" los permisos concedidos a las petroleras por el gobierno local de las islas.El pasado 28 de septiembre, el Ejecutivo argentino anunció que iniciaría una solicitud de arbitraje al amparo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), un tratado de 1982 cuyo órgano para resolver controversias es el TIDM. Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en un conflicto armado después de que la junta militar argentina ocupara las islas por la fuerza…
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