NewzEl canal NTN24 el 28 de septiembre en primicia dio a conocer la resolución que los cancilleres van a votar en la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre la situación en Nicaragua. La propuesta de al menos seis puntos, impulsada por Estados Unidos, Colombia y Perú. establece como primer pilar la liberación inmediata de todos los presos políticos y el esclarecimiento del paradero de las personas desaparecidas.
Asimismo, el economista y político nicaragüense desterrado en territorio estadounidense Juan Sebastián Chamorro compartió el borrador del documento que se someterá a votación el próximo 2 de octubre ante los ministros de Relaciones Exteriores del continente.El texto elaborado para el encuentro hemisférico sitúa la crisis de derechos humanos en el centro de las demandas diplomáticas. La iniciativa exige que las autoridades nicaragüenses pongan fin al encarcelamiento arbitrario por razones ideológicas y ofrezcan información detallada sobre las víctimas de desaparición forzada. Para las familias de los detenidos, el cumplimiento de este apartado representa una medida indispensable para detener los abusos cometidos por el aparato estatal en Nicaragua.La propuesta exige la devolución de la ciudadanía a 452 personas expulsadas del paísEn su segundo eje de acción, el borrador enfoca la atención en el despojo de la nacionalidad y el destierro forzado aplicados por el régimen nicaragüense.
El proyecto de la OEA exige la restitución completa de los derechos civiles y la ciudadanía a más de 452 nicaragüenses expulsados del país, con la garantía de un retorno seguro. La recuperación de la identidad legal busca recomponer la cohesión social destruida por las medidas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Asimismo, el documento demanda garantías efectivas para el ejercicio de las libertades de: ExpresiónPrensaAsociaciónCultoReunión pacífica.
Esta disposición contempla la posibilidad de que los medios de comunicación independientes regresen a Nicaragua sin temor a represalias oficiales. La medida incluye también la devolución de la personería jurídica a más de 5,500 organizaciones no gubernamentales (ONG) que resultaron censuradas e ilegalizadas en los últimos años.La resolución demanda revertir 12 modificaciones realizadas a la Constitución desde 2007Desde el año 2007, el oficialismo impulsó al menos 12 reformas a la Constitución, entre las que de… Madrid, 29 sep (EFE).- El Tribunal Supremo español rechazó este martes la demanda de Julio Iglesias por intromisión en el derecho al honor y la intimidad contra la vicepresidenta segunda del Gobierno español, Yolanda Díaz, por unas manifestaciones públicas de la dirigente sobre la demanda interpuesta contra el cantante por dos extrabajadoras.La Sala Civil no admitió la demanda porque consideró que es competencia de las secciones civiles de los tribunales de instancia.Los abogados del cantante demandaron a la vicepresidenta segunda por unas declaraciones realizadas en su cuenta de la red social Bluesky y en el programa de televisión 'La Hora de la 1', en la pública RTVE, el pasado enero, a raíz de la denuncia de dos exempleadas contra Iglesias por delitos de abuso sexual, que fue archivada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
Yolanda Díaz dijo en Bluesky que le parecían "escalofriantes" los testimonios de las exempleadas y agradecía la denuncia "a las mujeres valientes y a las periodistas" que trabajaron en la investigación sobre "abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente". En RTVE afirmó que la investigación que se estaba conociendo le producía "terror" y "pánico" y que en ese caso se concentraban "todas las vulneraciones de los derechos humanos" sobre mujeres que, según dijo, estaban en una "posición de inferioridad extrema" como seres humanos y como trabajadoras del cantante español. En su auto, la Sala recuerda que la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que el Supremo es competente en las demandas de responsabilidad civil de los miembros del Gobierno "por hechos realizados en el ejercicio de su cargo".Sin embargo, considera que en este caso "las opiniones o manifestaciones controvertidas no guardan la necesaria conexión con el ejercicio de los cargos que motivan el aforamiento"."Se trata de declaraciones que, si bien proceden de una persona aforada, no están protegidas por las prerrogativas establecidas, ya que en el mensaje de Bluesky actuó como ciudadana y dirigente política", explica el tribunal.En su demanda, el cantante reclamaba que Yolanda Díaz reconociera que sus manifestaciones constituían "una intromisión ilegítima en el derecho al honor" de Iglesias, y que se retractara públicamente, además de pagar una indemnización y las costas del proceso.
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