NewzLa Procuraduría General de la Nación creó un grupo especial para vigilar la atención de la emergencia y la reconstrucción de los territorios afectados por el terremoto del 10 de agosto. La decisión fue adoptada por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, mediante la Resolución 226 del 19 de agosto de 2026, tras la declaratoria de calamidad nacional.De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el equipo se denomina Grupo para el Seguimiento y la Vigilancia de la Atención de la Emergencia y Reconstrucción de los Territorios Afectados por el Sismo. Su tarea será hacer presencia permanente en las zonas golpeadas, revisar la actuación de las autoridades y reportar en tiempo real posibles fallas en la respuesta estatal.Uno de los ejes principales será el control sobre los recursos públicos destinados a atender a los damnificados y financiar la reconstrucción.
La Procuraduría busca prevenir irregularidades y verificar que el dinero se administre con transparencia, eficacia y rapidez, de manera que llegue a los fines definidos y se traduzca en soluciones concretas para las comunidades.Vigilancia sobre recursos y autoridadesEl nuevo grupo no ejecutará obras ni entregará ayudas directamente. Su papel será vigilar que las entidades nacionales, departamentales, distritales y municipales cumplan sus obligaciones frente a la emergencia. Esto incluye verificar que actúen de forma oportuna, que coordinen sus decisiones y que no haya retrasos injustificados en la atención de las personas afectadas por el sismo.La integración del equipo muestra la amplitud del seguimiento.
Participarán procuradurías delegadas de Vigilancia Preventiva de la Función Pública; Gestión y Gobernanza Territorial; Asuntos Étnicos; Defensa de los Derechos Humanos; Asuntos Ambientales, Minero-Energéticos y Agrarios; Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social; y Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer.Con esa composición, la entidad busca revisar distintos frentes de la respuesta estatal: contratación, ejecución presupuestal, reconstrucción de infraestructura, atención humanitaria, protección ambiental, situación laboral, servicios sociales y garantías para poblaciones vulnerables. La emergencia no solo exige recursos, sino también control sobre la forma en que se toman decisiones y se priorizan territorios.La creación del grupo llega en … Un jefe de la Fuerza Pública de Costa Rica fue condenado a 12 años de prisión por disparar en dos ocasiones contra un hombre que se encontraba esposado y trataba de escapar durante una detención, en un hecho ocurrido en Costa de Pájaros, Puntarenas, en octubre de 2019.La Fiscalía Adjunta de Puntarenas informó que logró que un Tribunal declarara culpable a un oficial de apellidos Miranda Morales por el delito de tentativa de homicidio calificado, luego de determinar que el uso de su arma de reglamento no estaba justificado bajo las circunstancias en que ocurrió el hecho.Para la fecha del incidente, Miranda se desempeñaba como jefe de la Delegación de Fuerza Pública de Chomes y acumulaba más de 20 años de servicio en la institución policial.Los hechos se remontan al 19 de octubre de 2019, aproximadamente a las 11:00 a.
m., cuando el oficial y otros funcionarios policiales llegaron hasta la vivienda de la víctima con el objetivo de detenerla.El hombre estaba vinculado con una investigación por homicidio, motivo por el cual fue aprehendido por los agentes.De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio, el sospechoso no opuso resistencia al momento de la detencióny los policías procedieron a colocarle las esposas con las manos hacia atrás.Posteriormente, los funcionarios y el detenido permanecieron en la vía pública, mientras esperaban la llegada de personal judicial encargado de realizar un allanamiento en la vivienda.Fue durante esa espera cuando la situación cambió.Según la prueba presentada por el Ministerio Público, el hombre comenzó a correr para alejarse del lugar, a pesar de permanecer esposado.Ante el intento de fuga, Miranda sacó su arma de reglamento y realizó dos disparos hacia la espalda del detenido.Uno de los proyectiles alcanzó al hombre en el tórax y le provocó lesiones que comprometieron órganos de su sistema digestivo.Tribunal determinó que no existía una amenazaUno de los principales puntos analizados durante el juicio fue determinar si las condiciones existentes en el momento del intento de fuga justificaban que el oficial utilizara un arma de fuego. La Fiscalía sostuvo que no.Durante el debate judicial se logró acreditar que la víctima estaba esposada con las manos detrás de la espalda, se encontraba de espaldas a los policías y corría para huir del lugar.Según la acusación acogida por el Tribunal, en esas circunstancias el hombre … La Corte Constitucional ya tiene magistrado ponente para estudiar el decreto con el que el Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró la Emergencia Económica, Social y Ecológica tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó.
Por sorteo, el expediente quedó en manos del magistrado Juan Carlos Cortés González, quien deberá preparar la ponencia sobre la constitucionalidad de la medida.De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el decreto fue identificado como el 1261 del 19 de agosto de 2026 y declara la emergencia por grave calamidad pública en parte del territorio nacional. Con la asignación del ponente, empieza formalmente el estudio en el alto tribunal.El texto fue remitido a la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, por el secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto González. A partir de ese envío, el tribunal debe revisar si el Gobierno cumplió los requisitos constitucionales para acudir a facultades extraordinarias frente a la magnitud de la emergencia.Primer decreto de emergencia del Gobierno De la EspriellaEste será el primer decreto del Gobierno de Abelardo de la Espriella que llega a examen constitucional.
La revisión quedará a cargo de Cortés, después de que otros magistrados estudiaran decretos de emergencia expedidos por gobiernos anteriores, como los asignados a Miguel Polo Rosero y Carlos Camargo Assis.El Decreto 1261 declara el estado de emergencia en 15 departamentos de Colombia por un término de 30 días calendario. La medida cobija a los municipios que registraron daños por el desastre o aquellos donde se demuestre una afectación concreta y directa derivada del terremoto.El papel del magistrado ponente será elaborar un proyecto de decisión para que la Sala Plena determine si la declaratoria cumple con las exigencias de la Constitución. Esto incluye revisar la gravedad de los hechos, la relación entre la emergencia y las medidas anunciadas, y la necesidad de acudir a poderes excepcionales para responder a la calamidad.La decisión de la Corte será clave porque definirá si el Gobierno puede mantener el marco jurídico especial que busca usar para atender la tragedia.
Summary from source