La República Dominicana ha registrado durante las últimas dos décadas períodos muy distintos en la cantidad de personas fallecidas en actuaciones de la Policía y otros organismos de seguridad.Agrupados por administraciones presidenciales, los datos muestran que los mayores registros desde que existe una serie oficial relativamente consistente corresponden al Gobierno de Leonel Fernández entre 2004 y 2012. Para fines estadísticos, debido a que las fuentes investigadas no detallas los casos por mes, fueron excluidos de la información los años de transiciones de Gobiernos, como 2004, 2012 y 2020. Solo durante los siete años calendarios completos comprendidos entre 2005 y 2011 se contabilizaron 2,427 muertes vinculadas con actuaciones policiales, para un promedio de aproximadamente 347 por año.Durante los siete años completos de la administración de Danilo Medina, entre 2013 y 2019, se registraron 1,144, equivalentes a unas 163 por año.En los cinco años completos transcurridos bajo la administración de Luis Abinader, entre 2021 y 2025, la suma alcanza 808, aproximadamente 162 anuales.La comparación excluye 2012 y 2020 porque fueron años compartidos por dos administraciones y tampoco incorpora 2026 al promedio, debido a que todavía se encuentra en curso.Sin embargo, el comportamiento reciente muestra un cambio: después de alcanzar un mínimo de 77 muertes en 2021, el indicador volvió a aumentar hasta 139 en 2022, 178 en 2023 y 227 en 2024.
En 2025 descendió a 187, mientras que durante 2026 los conteos provisionales indican nuevamente niveles elevados.El repunte ocurre en un momento particular: desde 2021 el Estado dominicano mantiene en ejecución un proceso de transformación y profesionalización de la Policía Nacional, iniciado por el Gobierno de Abinader después de varios episodios que generaron cuestionamientos sobre las actuaciones de agentes policiales.Uno de los hechos que aceleró ese proceso fue la muerte de los esposos Elisa Muñoz Marte y Joel Díaz Ferrer, atacados por una patrulla el 30 de marzo de 2021 en Villa Altagracia después de ser confundidos con personas perseguidas por la Policía. Tras el caso, el Poder Ejecutivo creó una comisión para diagnosticar la institución y proponer su transformación.El informe elaborado como parte de esa reforma incluyó entre sus ejes el uso de la fuerza, la prevención del maltrato y la tortura, la profesionalización, la…
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