NewzLa juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha pedido al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, presidido por Félix Bolaños, que le remita los documentos desclasificados este miércoles sobre la crisis en Ceuta, para incluirlos en la causa en la investiga la entrada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.La jueza ha pedido al Ministerio de Justicia, mediante una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, que remita la copia autenticada de los informes y las comunicaciones relativas al mes de julio publicadas en la página web de La Moncloa sobre la situación de Ceuta.En ellos se recoge que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta de un "llamamiento" en redes sociales para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a la ciudad autónoma a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio, un día antes de la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes procedentes de Marruecos.Además, el CNI constató el mismo 30 de julio que el refuerzo de seguridad que adoptó Marruecos la víspera ante la concentración de migrantes dispuestos a cruzar a Ceuta por la noche "resultó insuficiente" y que, una vez el espigón se vio desbordado ante las entradas a nado, las autoridades del país vecino solo desplegaron "algunas unidades antidisturbios" en la frontera "tres horas después".Tardón asumió la competencia de la causa porque podrían haberse cometido "conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España".La jueza señaló en un auto, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, que lo ocurrido en la ciudad autónoma se trata de "una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la integridad territorial de España", mediante flujos migratorios irregulares que "han afectado gravemente a la vida y a los derechos de los ciudadanos de Ceuta"Asimismo, apuntó a "permisividad" y "clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos" que "se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad" del país magrebí.En esta causa el Estado está personado como acusación par… Esquerra Republicana ha aprovechado la tramitación en el Congreso de la reforma del Código Penal para la protección de la libertad de expresión impulsada por Sumar para plantear una serie enmiendas destinadas a sancionar con una falta grave a los agentes que retiren injustificadamente banderas esteladas "u otros símbolos políticos protegidos" y también a suprimir de la Audiencia Nacional.En concreto, según han informado en una nota de prensa, ERC propone modificar el régimen disciplinario de la Policía Nacional para tipificar como falta grave "la retirada, ocultación, inutilización, destrucción o impedimento injustificado" de la exhibición de símbolos, enseñas, banderas, pancartas u otras expresiones de carácter político, ideológico, cultural o identitario amparadas por la libertad de expresión.En la justificación de esta enmienda, los republicanos citan expresamente la estelada independentista y recuerdan la retirada de estas banderas a aficionados del FC Barcelona antes del partido disputado contra el Elche el pasado 23 de agosto. ERC sostiene que este símbolo político no tiene limitada su exhibición en los recintos deportivos y plantea incorporar expresamente estas actuaciones al catálogo de faltas graves de la Policía Nacional.Los de Gabriel Rufián también recuperan su clásica reivindicación de suprimir la Audiencia Nacional y atribuir los asuntos que actualmente son de su competencia a los juzgados y tribunales que correspondan conforme a las reglas generales de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y recomienda al Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes desarrollar las medidas necesarias para hacer efectiva esa supresión.ERC quiere también modificar el artículo 510.1 del Código Penal para ampliar la protección frente a los discursos de odio, incorporando expresamente a las personas o colectivos relacionados con la Guerra Civil y la dictadura franquista y precisando las conductas y supuestos de incitación.MÁS INDEPENDENCIA JUDICIALLas enmiendas incluyen además la creación de un Consejo de Justicia de Cataluña, con sede en Barcelona y configurado como órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que ERC quiere atribuir competencias sobre el gobierno judicial territorial, nombramientos, formación, inspección, disciplina, organización y planta judicial.El órgano estaría integrado por siete miembros y podría,…
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