NewzLa suspensión provisional del esquema con el que la Cancillería y la Imprenta Nacional buscaban producir y distribuir pasaportes en Colombia, ordenada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, generó todo tipo de reacciones en varios sectores políticos del país.El turno fue para Rosa Villavicencio, exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, quien sostuvo que el fallo judicial, a su juicio, tiene varias contradicciones.Además, señaló que, durante su etapa como jefa de cartera en la administración de Gustavo Petro, el sistema funcionó correctamente tras una transición compleja y que hay informes y visitas que confirman la transparencia y trazabilidad del proceso.“Creo que es una medida realmente muy contradictoria ese auto que ha proferido el Tribunal Administrativo Cundinamarca. Este auto habla de una suspensión provisional, pero por otra parte, pide que no se interrumpa la formalización y el tema de los pasaportes (...) Es desafortunado para la sociedad colombiana porque es un proceso que está funcionando sin problema y la estructura no tiene ningún tipo de fisura legal”, indicó la exfuncionaria en diálogo con Caracol Radio.Igualmente, Villavicencio cuestionó la supuesta falta de claridad en el aspecto financiero señalada por el magistrado, defendiendo la sostenibilidad del modelo y aclarando detalles sobre la personalización y producción de las libretas en la imprenta nacional bajo requerimientos internacionales. “El modelo es sostenible y una de las cosas que precisamente ha sido desafortunada es no haber tenido ese empalme para haber explicado ampliamente la sostenibilidad del modelo”, manifestó.A su vez, la excanciller no descartó que, detrás de esta decisión del tribunal, existan presiones políticas de sectores opositores a la anterior administración que, en su visión, buscan debilitar el procedimiento de soberanía de datos.“Aquí lo que hay es un interés político por acabar con este modelo a través de todas estas acciones judiciales que han tenido controversia (...) ellos piden veinte días para que lo vuelvan a contestar y aclaren seguramente dudas que habrá y esto ya le corresponde a la Imprenta y a la Cancillería”, comentó.Detalles de la medida cautelarLa medida fue dictada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imp…
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó la suspensión provisional de dos piezas centrales del nuevo modelo de expedición de pasaportes del gobierno de Gustavo Petro: el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025 y el CI-005 de 2026, una decisión tomada el 2 de septiembre de 2026 dentro de una acción popular que busca revisar cómo se estructuró la producción, personalización, custodia y distribución de las libretas.La medida cautelar no alcanzó a todo el esquema. La alta autoridad judicial dejó por fuera el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal y precisó que no se pronunció sobre su legalidad, por lo que la suspensión quedó limitada a esos dos convenios y a los contratos o acuerdos que se deriven de ellos.Nicolás Dupont Bernal, director de la Fundación Defensa de la Información Legal (DILO) Colombia y promotor de la acción popular, sostuvo que el fallo valida los cuestionamientos que su organización venía planteando. “Esta decisión confirma que las alertas que veníamos haciendo eran serias.
Cuando están en juego los pasaportes de millones de colombianos, la seguridad de su información y los recursos públicos, no puede haber zonas grises. El Tribunal encontró dudas suficientes para suspender dos convenios clave. Ahora las entidades tendrán que explicar y demostrar cómo funciona realmente este modelo”.
El tribunal puso la lupa sobre compromisos fiscales y vacíos operativosDupont Bernal señaló que para dictar la medida cautelar, el tribunal identificó tres asuntos que deben aclararse. El primero fue la existencia de compromisos de recursos públicos hasta 2036 sin que, según la providencia, se hubieran obtenido antes el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS) y la declaratoria de importancia estratégica del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) exigidos para este tipo de obligaciones.El segundo punto fue la falta de definición sobre la participación de terceros. Según la decisión, esa indeterminación podría permitir que la transferencia de conocimiento financiada con recursos públicos termine beneficiando a particulares o que se contrate por fuera de mecanismos que aseguren libre concurrencia y selección objetiva.El tercer reparo se concentró en la operación concreta del modelo.
La providencia señaló que no hay certeza suficiente sobre quién produce hoy las libretas, qué… El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó frenar de forma provisional la ejecución de dos instrumentos que respaldan el nuevo modelo para producir, personalizar, custodiar y distribuir los pasaportes en Colombia.La decisión, adoptada el 2 de septiembre de 2026, corresponde a una medida cautelar dentro de una acción popular presentada por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia.La orden recae sobre el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y los contratos o convenios que se desprendan de ambos. La providencia no definió la validez de esos acuerdos, asunto que deberá resolverse en otras instancias.La medida no cobijó el acuerdo con la entidad portuguesaEl Tribunal precisó que la suspensión no incluye el instrumento suscrito con la Imprenta Nacional Casa da Moeda de Portugal, ni implica un pronunciamiento sobre la legalidad de ese acuerdo.Tampoco suspendió el Convenio Marco 006 de 2024, dado que este ya habría sido liquidado y no se encontraba vigente ni en ejecución.
La decisión tampoco se extendió al Convenio Marco 007 de 2025, pues tiene un alcance general de articulación entre el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional.La corporación concluyó que había elementos que justificaban una intervención preventiva mientras avanza el análisis de fondo de la acción popular. Entre ellos figuran cambios e incumplimientos en los cronogramas previstos para el modelo.El Tribunal señaló dudas sobre el avance del nuevo modeloLa providencia menciona informes institucionales contradictorios y la falta de soportes que permitan comprobar el estado de la infraestructura, el personal y el avance de las operaciones necesarias para implementar el esquema.El Tribunal consideró que estas circunstancias impiden establecer con certeza el estado real de ejecución del proyecto. En su análisis preliminar, habló de una “planeación improvisada” frente a las dificultades detectadas en el desarrollo del modelo.También advirtió cuestionamientos relacionados con el cumplimiento de requisitos presupuestales y el uso de recursos públicos.
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