NewzLa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió que la República Dominicana enfrenta importantes deficiencias en la aplicación efectiva de sus normas de integridad gubernamental y carece de un marco regulatorio para transparentar el lobby o cabildeo y la influencia ejercida sobre las decisiones del Gobierno.Elsa Pilichowski, directora de Gobernanza Pública del organismo, señaló que uno de los principales retos del país consiste en cerrar la brecha entre las reglas existentes y su cumplimiento en la práctica.“El desafío más importante para la siguiente fase de la agenda de integridad de la República Dominicana”, sostuvo la funcionaria durante la presentación oficial del Estudio de la OCDE sobre Integridad en la República Dominicana, en el Palacio Nacional.Pilichowski explicó que, en numerosas áreas, el país ya dispone de reglas sólidas, pero advirtió que estas solo producirán resultados si se aplican efectivamente.De acuerdo con el informe, República Dominicana cumple el 78 % de los criterios de la OCDE en materia de regulación, pero apenas llega al 22 % en aplicación práctica. RELACIONADAS América Latina América Latina envejece y pone a prueba sus sistemas de salud, advierte informe de la OCDE Según la representante, el promedio de los países de la organización es de 80 % en regulación y 45 % en implementación. Aunque reconoció que la dificultad para llevar las normas a la práctica es generalizada, sostuvo que existe un amplio margen de mejora para República Dominicana.Vacío regulatorio sobre el lobbyA las deficiencias de implementación se suma una brecha normativa que la OCDE identifica particularmente en el lobby o cabildeo.Pilichowski advirtió que República Dominicana no cuenta actualmente con regulaciones destinadas a garantizar la transparencia y la integridad en las actividades de cabildeo y en otras formas de influencia sobre las decisiones públicas.“Existen oportunidades claras para desarrollar un marco regulatorio integral que reconozca no solo que el cabildeo es bueno y que la influencia es una influencia legítima sobre el gobierno, sino también que es una influencia que necesita ser regulada, que debe ser transparente y sobre la cual debe haber rendición de cuentas”, indicó.
En promedio, los países de la organización alcanzan un 43 % en la parte normativa, mientras que el nivel de aplicación se sitúa en el 38 %. La Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe) planteó que el país debe ir más allá de identificar su potencial en minerales críticos y desarrollar las capacidades institucionales, técnicas y económicas necesarias para convertir esos recursos en desarrollo sostenible.El planteamiento fue presentado por el director ejecutivo de Camipe, Martín Valerio Jiminián, durante un panel sobre minerales críticos realizado en la sede del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en Washington, D.C., como parte de la Semana Dominicana en Estados Unidos, organizada por la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).El encuentro reunió a representantes del Gobierno dominicano, organismos multilaterales y el sector privado para analizar las oportunidades que representa para el país el creciente interés internacional por los minerales críticos y la reorganización de las cadenas globales de suministro. acuerdan cooperación en minerales críticos y tierras raras Valerio Jiminián señaló que República Dominicana cuenta con una base jurídica para desarrollar la actividad minera, pero consideró necesario fortalecer los procedimientos institucionales para responder a proyectos de inversión complejos y de largo plazo.“El problema no consiste en reducir regulación.
Consiste en hacerla más clara, coordinada, trazable y previsible”, afirmó.Entre las propuestas planteadas por Camipe figuran la creación de una Ventanilla Única Minera, la digitalización de los procesos, una mayor coordinación entre las instituciones públicas, la trazabilidad de los expedientes, plazos razonables y reglas claras para las distintas etapas de un proyecto minero, desde la exploración hasta el cierre.El representante del sector minero sostuvo que agilizar los procesos no implica reducir los estándares ambientales.“Agilizar no significa flexibilizar. Podemos tener evaluaciones ambientales rigurosas y procedimientos administrativos eficientes al mismo tiempo”, expresó.Minerales críticosValerio Jiminián indicó que la discusión adquiere mayor relevancia ante el interés internacional por los minerales críticos, utilizados en sectores vinculados con la tecnología, la transición energética y las cadenas internacionales de suministro.En ese contexto, planteó que la seguridad jurídica y la previsibilidad regulatoria también forman parte de la capacid…
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