La exalcaldesa de Santa Marta, Virna Lizi Johnson Salcedo, se pronunció mediante un comunicado público para responder a los señalamientos que la vinculan con presuntas presiones ejercidas sobre la madre de una niña de ocho años para que no denunciara al exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo, investigado por un presunto caso de abuso sexual.En su declaración, fechada el 24 de julio de 2026, Johnson rechazó de manera categórica las acusaciones y anunció que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de calumnia contra quienes, según afirmó, la han señalado públicamente de participar en hechos relacionados con la investigación. En el comunicado, la exmandataria distrital sostuvo que las afirmaciones realizadas en su contra carecen de sustento y hacen parte de una campaña para afectar su imagen. “Ante los señalamientos públicos que me vinculan, de manera categórica, irresponsable y sin matiz alguno, a hechos como el delito de tráfico de menores y complicidad en el marco de la investigación que se adelanta contra el doctor Carlos Caicedo Omar por presuntos delitos sexuales, he presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación”, manifestó Johnson.
La exalcaldesa explicó que la querella fue presentada por el delito de calumnia contra Leopoldo Díaz-Granados Cruz y Miguel Ignacio Martínez Olano, al considerar que ambos la han señalado públicamente de ser “cómplice” de hechos graves sin aportar pruebas.Asimismo, aseguró que está dispuesta a comparecer ante las autoridades judiciales cuando sea requerida. “He manifestado ante la Fiscalía mi total disposición para comparecer ante ese ente de control las veces que sean necesarias y para los fines que requieran, como siempre ha sido mi conducta”, expresó. Johnson también cuestionó que, según afirmó, se utilice su nombre para obtener audiencia y reiteró que la mejor forma de esclarecer los hechos será mediante las investigaciones judiciales.
“La verdad completa, verificable y sin adjetivos gratuitos, es la mejor defensa que cualquier persona puede tener ante campañas de linchamiento digital”, señaló en el documento, recordando que el delito de calumnia contempla sanciones penales y consecuencias económicas. El expediente que menciona a la exalcaldesa dentro de los hechos investigadosLa respuesta de Johnson se conoció después de que trascendieran detalles del expe… En la última audiencia del proceso contra ocho empresarios del colectivo Lili Pink por el presunto entramado de lavado de activos que, según la Fiscalía, se concretó durante al menos 10 años en la empresa, el ente acusador reveló conversaciones de algunos de los imputados.
Una de las charlas que más llamó la atención fue en la que Max Abadi, cofundador de la empresa, le pidió a la gerente de recursos humanos que hiciera una limpieza para despedir a los empleados que le dieran información a la Dian de lo que pasaba en las sedes comerciales. En el audio de dos minutos que expuso la Fiscalía, la trabajadora le indicó a Abadi que habían sido despedidas ocho personas: dos por un robo y el restante por sospechas sobre su comportamiento. Ante esto, el empresario se lamentó por no haber identificado a cercanos de los retirados de sus cargos.
“Tenían que descubrir quiénes eran las personas que están cerca de ellos, con quién se hablan, todo. Los que están robando, sí, pero los otros, por ejemplo, Sandra, a mí me parecía buena”. Debido a que la gerente de recursos humanos le explicó que una mujer que había sido despedida estaba teniendo comportamientos indebidos para los intereses de la compañía, el cofundador de Lili Pink ordenó que se hiciera una nueva inspección para retirar a otros sospechosos.“Yo no sabía eso, me hablaron bien de ella, pero yo no sé.
Importante en este asunto es buscar, hacer una limpieza completa; cualquier sospecha de cualquier cosita, para afuera. Necesitamos saber, entre tú y yo, todos los que tengan algún vínculo”. De acuerdo con la Fiscalía, la conversación revelada se registró luego de inspecciones por parte de la Dian en septiembre de 2023.Otros hechos que reveló la Fiscalía En la diligencia, la Fiscalía presentó pruebas con las que argumentó la acusación contra los ocho imputados sobre la existencia de un entramado criminal que habría operado durante más de diez años y se consolidó mediante un esquema que utilizaba más de 300 puntos de venta como fachada para ocultar actividades ilícitas, recurriendo a la creación y liquidación de “empresas de papel” en Panamá con el fin de justificar movimientos de mercancía y balances financieros.Durante la audiencia más reciente, la Fiscalía expuso cómo los imputados habrían creado sociedades en Panamá, tales como Malta Blue S.A., Nepal Blue S.A., 5G S.A., Trechos S.A., Betsy Blue S.A.
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