NewzVarios sindicatos de la Policía Nacional han apuntado este lunes a la responsabilidad directa del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, a quien señalan por presuntamente dar la orden de "no actuar" al inicio de la acampada en la Puerta del Sol de la capital, una protesta que reclama medidas legales para frenar desahucios como el de Maricarmen, la mujer de 87 años forzada a abandonar su casa.El portavoz nacional de Jupol, Ibón Domínguez, ha censurado la "doble vara de medir y el cinismo" del delegado del Gobierno en Madrid al señalar que la seguridad y el orden público son competencia suya, por encima de actuaciones de la Policía Municipal."Si considera que la acampada debe desalojarse, debe ordenar el desalojo y asumir su responsabilidad, sin esconderse detrás de la Policía Municipal", ha indicado el portavoz de Jupol.En este sentido, ha recordado que la Unidad de Intervención Policial (UIP) es la "especializada y debe ser la encargada de ejecutar cualquier desalojo que corresponda". "Basta ya de utilizar a los policías como escudo de las decisiones políticas", ha enfatizado.EXISTÍA INFORMACIÓN PREVIALa acampada comenzó la noche del sábado al término de la manifestación tras el desahucio de Maricarmen y se mantiene para reclamar la aprobación del decreto del Consejo de Ministros previsto para este martes. Manos Limpias, por su parte, ha anunciado una querella contra el delegado del Gobierno por la presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa y omisión del deber de perseguir delitos.Preguntado por esta polémica, el SUP ha sostenido que hay una trasfondo competencial.
"La Policía Municipal tiene atribuciones sobre el espacio público, pero eso no excluye las competencias de la Policía Nacional en materia de orden público", ha indicado Ana Alarcón.La portavoz del SUP ha abogado por aclarar por qué si existía información previa sobre la posibilidad de que se produjera una acampada no se estableció una coordinación entre ambas administraciones. En concreto, ha solicitado saber "qué instrucciones recibieron exactamente los agentes" ante las presuntas órdenes de "no actuar"."Una cosa es permitir una manifestación y otra, muy distinta, gestionar una ocupación prolongada de la Puerta del Sol", ha continuado el SUP, que también señala al Ministerio del Interior para que explique si considera que la intervención corresponde a la Policía M… A dos meses de que se cumplan tres años del asesinato de Juan Felipe Rincón, hijo del general y exdirector de la Policía Nacional William Rincón, la investigación toma un nuevo rumbo tras revelaciones sobre posibles nexos entre miembros de la institución con el crimen.Y es que el exdirector Rincón pidió investigar si los presuntos hechos de corrupción en la Policía Nacional guardan relación con el homicidio y la tortura de su hijo, una solicitud que ya reposa en la Fiscalía General de la Nación, según información revelada por Caracol Radio.
El oficial vinculó esa hipótesis con la contratación de la institución, con un contratista identificado como Andrés Vanegas y con actuaciones que, según su relato ante el ente acusador, ocurrieron antes y después del crimen del joven, registrado el 24 de noviembre de 2024.Rincón pidió que la Fiscalía determine si existió una conexión entre un supuesto esquema para favorecer contratos, las tensiones dentro de la cúpula policial por su llegada a la Dirección y el asesinato de su hijo. El general sostuvo que varios episodios podrían responder a un mismo contexto criminal y reclamó garantías para su seguridad.El nuevo giro se da después de que el general rindiera su versión ante la Fiscalía 46 Seccional de la Unidad de Administración Pública. Dicha diligencia forma parte de una investigación paralela sobre procesos de contratación de la Policía Nacional entre 2023 y 2024.Rincón, quien dejó su cargo directivo el 9 de agosto tras la llegada del presidente Abelardo de la Espriella, había denunciado esos asuntos ante organismos de control.
Durante su declaración, respondió preguntas sobre contratos adjudicados en ese período.El expediente citado por Caracol Radio incluye una auditoría de la Contraloría General de la República. El organismo advirtió que la entidad habría limitado la pluralidad de oferentes mediante contratos directos con un solo proveedor para adquirir bienes y servicios.Ante las advertencias del organismo de control, el oficial señaló a Andrés Vanegas como una persona que tendría participación en más del 50% de la contratación policial por medio de empresas y uniones temporales.La declaración también menciona una presunta relación de amistad entre Vanegas y William Salamanca, hijo del general William René Salamanca, exdirector de la Policía Nacional. Rincón planteó que ese vínculo pudo favorecer la asignación de…
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