NewzEn un contundente golpe a las estructuras del crimen organizado que operaban en la zona oriental y occidental de El Salvador, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado B de San Miguel dictó sentencias condenatorias contra 31 miembros de una compleja red delictiva. A la estructura se le atribuyen múltiples delitos gravísimos, entre los que destacan: El tráfico ilícito de drogasTráfico ilegal de personasTrata de personas con fines de explotación sexual La conspiración para cometer homicidios.Según las investigaciones judiciales presentadas durante el proceso procesal, la red operó de manera sistemática entre junio de 2022 y septiembre de 2023. Durante este periodo, los imputados estructuraron e implementaron una ruta de transporte de sustancias prohibidas que iniciaba en el departamento de Santa Ana y cruzaba el país hasta llegar a San Miguel.
Una vez en el oriente salvadoreño, la cocaína y la marihuana eran distribuidas y comercializadas de forma masiva en establecimientos estratégicos como centros comerciales, bares y centros de tolerancia.Las penas impuestas por el juzgado reflejan la gravedad de los hechos cometidos y el grado de participación de cada involucrado. Entre las condenas más drásticas resalta la de Gerson Inocente Benítez Rivera, a quien el tribunal le impuso un total de 81 años y seis meses de prisión. Benítez Rivera fue declarado culpable por: Trata de personas en la modalidad de explotación sexual11 casos de actos preparatoriosConspiración y asociaciones delictivaTres casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.En el fallo judicial también destaca la condena del exagente de la Policía Nacional Civil, José Esteban Rodríguez, a quien se le demostró su participación directa en tres casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, sumando una condena de 45 años de cárcel.
Asimismo, por el delito de tráfico ilícito de drogas, William Alexander Contreras Calderón recibió una pena de 68 años de prisión, mientras que David Fabrizzio Villalobos Rivera fue sentenciado a 47 años tras las rejas. Los 27 procesados restantes recibieron penas que oscilan entre los tres y los 36 años de prisión, dependiendo de su nivel de implicación en la red criminal.Tipificación y marco legal de los delitos según el Código Penal de El Salvador y leyes especialesPara comprender la magnitud de las condenas emitidas por … El inicio del juicio por el derrumbe en la discoteca Jet Set de Santo Domingo marca un momento de alta tensión y expectativa para los familiares de las víctimas y los supervivientes.
La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025, dejó 236 muertos y más de 180 heridos, y ha puesto en el centro del debate la responsabilidad penal de los propietarios del establecimiento.Durante la primera audiencia, los reclamos se centraron en la necesidad de una condena ejemplar para los hermanos Espaillat, dueños de la discoteca, quienes enfrentan cargos de homicidio involuntario, delito que prevé una pena máxima de dos años de prisión. Sin embargo, los querellantes insisten en que la conducta de los acusados debe ser considerada como homicidio voluntario, dado que, según sostienen, tenían conocimiento previo del deterioro estructural del local. De prosperar esta calificación, las penas podrían oscilar entre 20 y 30 años de cárcel, según informó EFE.El Ministerio Público presentó una acusación contundente, señalando que la discoteca funcionó bajo una “sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.
En palabras de Wilson Camacho, responsable de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, “el peso de la negligencia pudo más que la capacidad del techo del Jet Set”.La audiencia, celebrada en el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y un clima de fuerte presión mediática y social. Las familias y los sobrevivientes, agrupados en organizaciones como el Movimiento de Justicia Jet Set, reiteraron su pedido de justicia. Ana María Ramírez, sobreviviente del derrumbe, expresó que la apertura del proceso representa un avance tras una larga espera, pero advirtió que “el caso debe ser tipificado como homicidio voluntario”.Consecuencias legales y económicas tras la tragediaDurante la audiencia preliminar, el tribunal confirmó las medidas de coerción para los acusados: garantía económica, presentación periódica ante las autoridades y prohibición de salida del país.
Además, ordenó la inmovilización de bienes de los imputados por un monto de hasta 500 millones de pesos dominicanos (aproximadamente USD 8.3 millones), como medida cautelar para asegurar una eventual reparación.Las víctimas mortales incluyeron fig…
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