NewzCiudad de México, 30 ago (EFE).- Familias de personas desaparecidas exigieron este domingo al Estado mexicano pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y ofrecer resultados concretos en prevención, búsqueda, identificación y justicia, en un país que acumula más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas.“No basta con cifras, registros, folios y protocolos”, advirtió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.La organización, que agrupa a colectivos y familias de víctimas, reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional impulsado durante años por los propios familiares, pero reclamó que las herramientas existentes se traduzcan en resultados.“Un registro no encuentra a una persona; un expediente no sustituye una investigación; una recomendación no transforma la realidad si no se cumple”, señaló.El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara el viernes diez acciones para reforzar su Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y cárceles y poner en marcha un plan de identificación humana para reducir el rezago forense.Las autoridades informaron además que detectaron 40.628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a la fecha de su desaparición, de las cuales 6.939 cuentan ya con reporte de localización.Riesgos para quienes buscan El movimiento recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó en mayo un informe sobre las desapariciones en México con 40 recomendaciones y alertas sobre investigaciones fragmentadas, impunidad, problemas de identificación y riesgos para las familias buscadoras.También aludió a la decisión adoptada en marzo por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, un procedimiento relacionado con situaciones en las que existen indicios de desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática.El Gobierno mexicano ha rechazado que en el país exista una política estatal de desaparición forzada y ha cuestionado la utilización de ese mecanismo, aunque ha defendido su disposición a colaborar con organismos inte… Cuatro décadas después de los hechos vinculados con la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, la incertidumbre continúa marcando la vida de numerosas familias hondureñas. No existe todavía una respuesta definitiva para todos los casos ni un mecanismo estatal único que permita conocer con precisión cuántas personas fueron víctimas de desaparición forzada y cuál fue su destino.La experta del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de las Naciones Unidas, Carmen Rosa Villa, advirtió, durante un foro realizado por el 20 aniversario de la adopción por Honduras de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que el país aún carece de respuestas definitivas, un registro único de víctimas y una ley de búsqueda pendiente de aprobación.Villa puso especial énfasis en un factor que, con el paso de los años, se vuelve irreversible: la pérdida de quienes todavía pueden aportar información sobre los hechos.“Cada año que pasa, algunas de las personas sobrevivientes mueren sin haber recibido nada, ni verdad, ni reparación y sin ninguna explicación”, señaló la experta, al advertir sobre la urgencia de atender las demandas de las familias que continúan esperando respuestas.Para Villa, una desaparición forzada no puede darse por concluida mientras no se esclarezca el paradero de la persona.
La obligación del Estado, por tanto, no desaparece con el transcurso de los años ni puede considerarse satisfecha simplemente porque haya pasado el tiempo.El llamado al estado hondureñoEn ese escenario, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas aparece como uno de los principales pendientes para Honduras.La propuesta busca establecer un mecanismo permanente para localizar a las personas desaparecidas, esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, identificar restos, reconocer a las víctimas y sus familiares, garantizar reparación y establecer medidas de no repetición.La experta de Naciones Unidas aclaró que esta legislación no debe verse como una exigencia nueva impuesta desde el exterior. Honduras ya reconoció compromisos internacionales relacionados con la desaparición forzada y, según Villa, lo que corresponde ahora es convertir esos compromisos en medidas concretas dentro del país.“Lo que se pide no es que el Estado asuma algo nuevo, sino que complete lo que ya había declarado parte de su agenda”…
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