La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) ha cuestionado públicamente la facultad de la Junta Central Electoral (JCE) para sancionar la publicación de encuestas electorales. La entidad advirtió que la JCE debe ejercer cualquier potestad sancionadora estrictamente dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes vigentes.
El cuestionamiento principal de la Finjus apunta al uso de un reglamento por parte del órgano electoral para regular y penalizar estas acciones. Según la posición institucional, las restricciones y sanciones en esta materia no pueden establecerse mediante normativas de rango inferior a la ley, lo que abre un debate sobre los límites legales de la autoridad electoral.
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