El Decreto 1368 de 2026, que estableció el porte legal de armas en Colombia por parte del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ya fue publicado en el Diario Oficial: el principal requisito para que lo dispuesto por el jefe de Estado entre en vigencia, en medio de la controversia generada en el espectro político y académico sobre la conveniencia o no de esta determinación, que cortó una serie de prórrogas.La determinación del jefe de Estado de levantar la suspensión general al porte de armas en Colombia, con el argumento de que la restricción terminó afectando a los ciudadanos que cumplían la ley mientras las estructuras criminales siguieron armándose por fuera de ella, está en firme. Con lo que se puso fin a una suspensión de cerca de 11 años, promovida en 2025 por el entonces mandatario Juan Manuel Santos.La citada normativa apareció en la edición 53.619 del diario, publicada en línea por la Imprenta Nacional en la mañana del 9 de septiembre y fechada el 8 de septiembre. Con esa divulgación del decreto, el decreto quedó formalmente incorporado al ordenamiento y empezó a regir, aunque no represente, según se señaló en el documento, que el porte no esté ligado a una serie de exigencias previstas en la ley.
Es oportuno recordar que, en defensa de su determinación de habilitar el porte legal de armas, el primer mandatario indicó que, en lo que va del 2026, se reportó la incautación de 15.700 armas de fuego ilegales, y señaló que más de 14.100 estaban vinculadas de forma directa con la comisión de delitos. Por ello, sostuvo que la prohibición había terminado por desarmar y “restringir al ciudadano que cumple la ley”.En ese sentido, la decisión, según el Ejecutivo, busca garantizar el derecho a la legítima defensa frente a la delincuencia organizada y forma parte de una de las promesas centrales de su campaña presidencial.El decreto elimina la suspensión general, pero mantiene los controles del EstadoEste nuevo decreto no establece un libre porte ni una apertura indiscriminada del acceso a armas de fuego. Lo que hace la norma es suprimir la suspensión general que regía como regla para casi toda la población y que dejaba el porte sujeto a permisos especiales de carácter excepcional, con el que se puso fin a lo inicialmente dispuesto en el Decreto 2515 de 2015, firmado por Santos, y prorrogado por sus sucesores.La nueva disposición mantiene intact…
Francisco Barbosa, exfiscal general de la Nación, respaldó la decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de levantar la suspensión general del porte de armas en Colombia, aunque relacionó su defensa a una condición jurídica y operativa que permita, en ese orden de ideas, que el decreto se aplique con límites claros, dentro de la ley y bajo seguimiento estatal. Una postura con la que pidió un análisis riguroso de los aEn diálogo con Infobae Colombia, el extitular del órgano de investigación expresó su posición de que la firma del Decreto 1368 de 2026 establezca una reactivación, si se quiere, restringida de un permiso que ya existía para casos autorizados. Con ello, descartó que lo dispuesto por el jefe de Estado lleve a una apertura sin controles, como se ha expresado desde los sectores de la oposición tras conocerse la decisión.“Hay que mirar con mucho detenimiento el decreto que expidió el Gobierno”, dijo el exfiscal, antes de subrayar que cualquier habilitación para portar armas debe quedar atada a “una serie de requisitos que son los que existen hoy en la ley”, expresó Barbosa, que con ello indicó que el eje de la discusión no debe ponerse en una supuesta liberalización total, sino en la forma concreta en que se ejecutará la medida definida.
Para el exfiscal, el cambio no equivale, a su juicio, a un esquema de libre circulación de armas, pues insistió en que en Colombia “no hay venta libre” y que el control sigue bajo monopolio del Estado a través de Indumil. De esta manera, marcó distancia con el modelo de Estados Unidos, en el que sí existe un mercado libre de restricciones para la comercialización, lo que en suelo norteamericano ha abierto una nueva discusión.Es válido precisar que el decreto en mención levantó la suspensión general que durante años rigió como regla para el porte de armas de fuego en el país que, a juicio del Ejecutivo, fracasó, pues en lo corrido del año se ha reportado la incautación de 15.700 armas ilegales, de las cuales más de 14.100 estaban vinculadas con delitos. Esta fue una decisión vigente desde 2015, por el entonces presidente Juan Manuel Santos.Barbosa negó que Colombia esté copiando el modelo de libre venta de armas de Estados UnidosLa comparación con el país norteamericano fue uno de los puntos que Barbosa buscó descartar de manera más enfática, pues ante la idea de que Colombia pudiera estar replicando experienc…
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