NewzLa Fiscalía y Policía de Ecuador han llevado a cabo varios allanamientos a inmuebles ubicados en el norte de Quito, capital del país, en el marco de una investigación previa que involucra a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes habrían recibido dinero a cambio de gestionar la emisión de una sentencia de casación.Los investigados por este supuesto delito de cohecho son Milton V., Patricio S. e Iván L., quienes habrían formado parte del tribunal que emitió una sentencia de recurso de casación, en la que se ordenó pagar 59,3 millones de dólares (unos 51,7 millones de euros) a favor de una empresa china, según ha precisado la Fiscalía ecuatoriana en nota de prensa.Como antecedentes del caso está el testimonio anticipado de Michael Ismael H., sentenciado en el caso Plaga, trama de corrupción que está siendo investigada en el país por la presunta comisión de un delito de delincuencia organizada por parte de jueces, secretarios, policías, abogados en libre ejercicio y otros funcionarios públicos.Michael Ismael H. puso de manifiesto que, durante un evento efectuado en la ciudad de Guayaquil, sostuvo reuniones con varias personas y supo que los mencionados jueces habrían gestionado la emisión del referido fallo.Durante los registros los agentes han incautado teléfonos móviles, ordenadores y documentos, según ha precisado la Fiscalía ecuatoriana que ha avanzado que continuará practicando las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, con respeto al debido proceso.
La gobernadora del Magdalena, Margarita Guerra, lanzó un fuerte pronunciamiento contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al señalar que dos presuntos cabecillas criminales, identificados como alias Robinsito y alias el Negro Ober, continuarían ejerciendo influencia sobre actividades delictivas desde un centro penitenciario. Según afirmó, ambos permanecen recluidos en el mismo establecimiento, situación que, a su juicio, ha permitido que sigan impartiendo órdenes relacionadas con hechos de violencia y extorsión que afectan al municipio de Fundación. La mandataria aseguró que el impacto de estas acciones se refleja en el deterioro de la seguridad y el orden público en esa población del Magdalena.
A través de una publicación en su cuenta de la red social X, Guerra manifestó su inconformidad con la actuación del sistema penitenciario y cuestionó que, según ella, ambos hombres continúen compartiendo el mismo lugar de reclusión.“Es una vergüenza nacional que el Inpec siga permitiendo que alias Robinsito y alias el Negro Ober, dos criminales de alta peligrosidad, permanezcan juntos mientras continúan sembrando terror desde la cárcel. Cada extorsión, cada homicidio y cada amenaza que golpea al municipio de Fundación tiene responsables materiales, pero también responsables por omisión dentro de un sistema penitenciario que perdió el control”, expresó la gobernadora.De acuerdo con la mandataria, las extorsiones y los homicidios que se registran en Fundación tendrían relación con órdenes que, presuntamente, seguirían siendo impartidas por estos dos cabecillas desde prisión, situación por la que insistió en la necesidad de una intervención inmediata de las autoridades penitenciarias.En ese sentido, reiteró que la permanencia de ambos internos en el mismo establecimiento representa un riesgo para la seguridad del municipio y solicitó al Inpec adoptar decisiones encaminadas a impedir que continúen ejerciendo influencia sobre estructuras delincuenciales. “Exijo al Inpec actuar de inmediato y separar a estos cabecillas.
Si desde los establecimientos penitenciarios siguen impartiendo órdenes criminales, entonces el Estado está fracasando en una de sus obligaciones más básicas: garantizar la seguridad de los ciudadanos”, agregó.En su pronunciamiento, Guerra insistió en que los establecimientos penitenciarios no pueden convertirse en espacios desde don…
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