NewzEl Gobierno de Costa Rica impulsa una reforma a la legislación sobre los productos de tabaco con el objetivo de reducir el contrabando de cigarrillos, una actividad ilícita que, según el Informe de Evasión Fiscal 2024, ya representa el 43 % del mercado nacional.La iniciativa fue presentada ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa y plantea una serie de cambios en el modelo tributario vigente para fortalecer la recaudación fiscal, cerrar espacios a la evasión de impuestos y dotar al Ministerio de Hacienda de mayores herramientas para combatir el comercio ilegal de estos productos.De acuerdo con la exposición del Ejecutivo, el sistema actual ha provocado un efecto contrario al esperado. El denominado piso tributario del 85 % sobre los cigarrillos legales ha incrementado considerablemente su precio en el mercado, ampliando la diferencia con los productos de contrabando que ingresan al país sin pagar impuestos y sin cumplir los controles sanitarios establecidos por la legislación costarricense.Según el Gobierno, esa brecha de precios ha incentivado que una parte importante de los consumidores opte por productos ilícitos, fortaleciendo las redes de contrabando y reduciendo la recaudación tributaria del Estado.Como parte de la reforma, el Ejecutivo propone eliminar el impuesto que actualmente se destina al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que el Ministerio de Hacienda concentre de forma exclusiva la administración, fiscalización y recaudación de los tributos relacionados con los productos del tabaco.Las autoridades consideran que esta centralización permitirá simplificar los procesos administrativos, fortalecer la supervisión del mercado y responder con mayor rapidez a las nuevas modalidades utilizadas para evadir impuestos.Otro de los cambios contemplados en el proyecto consiste en otorgar mayores facultades a la Dirección General de Tributación para actualizar los mecanismos de control mediante reglamentos, sin necesidad de tramitar reformas legales cada vez que aparezcan nuevos productos o cambien las condiciones del mercado.Esta modificación también permitiría incorporar de manera más ágil regulaciones sobre los cigarrillos electrónicos, vapeadores y otros dispositivos que contienen nicotina, un segmento que ha experimentado un crecimiento importante durante los últimos años y que requiere mecanismos de fiscalización más di… La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) expresó su preocupación por la radicación de un proyecto de ley de reforma que redefine la distribución de competencias y recursos entre la Nación y los territorios, presentada por el Gobierno nacional saliente a pocos días del relevo presidencial con Abelardo de la Espriella, presidente electo.
Este proyecto de Ley Orgánica de Competencias se radicó el 20 de julio, con el fin de “definir cómo se distribuye el Sistema General de Participaciones, cómo se cierran las brechas y cómo se recategorizan las entidades territoriales”, según dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, sobre esa iniciativa. En términos generales, la explicación del Gobierno Petro es que la nueva propuesta —al parecer, modificada frente al Proyecto de Ley 502 de 2025 Cámara, radicado en diciembre de 2025 y archivado el 20 de junio de 2026— establece “las obligaciones de las entidades territoriales frente al nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) para la administración, ejecución y supervisión de los recursos destinados a programas y proyectos de educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros”. Sin embargo, a los ojos de autoridades territoriales asociadas esta medida sería “inconveniente” e “inoportuna”, en primer lugar, por el momento de la presentación del proyecto y porque, según su análisis, “no introduce cambios estructurales” respecto a la iniciativa archivada en el periodo legislativo anterior.“La Ley de Competencias no puede convertirse en una decisión de última hora.
Estamos hablando de una reforma que definirá quién presta los servicios, con qué recursos y bajo qué responsabilidades. Su construcción exige tiempo, evidencia técnica, concertación territorial y una visión de Estado que comprometa plenamente al Gobierno que deberá ejecutarla”, afirmó Andrés Santamaría, director ejecutivo de la organización.Qué riesgos traería la Ley Orgánica de CompetenciasLos alcaldes argumentaron contra la reglamentación del Acto Legislativo 03 de 2024, que modificó los artículos 356 y 357 de la Constitución, que además, plantea que el Sistema General de Participaciones (SGP) aumente gradualmente su participación en los ingresos corrientes de la Nación hasta el 39,5%, en un proceso que no podrá empezar antes de 2027.De la misma manera, en la asociación advirtieron riesgos para la auton… El Gobierno del presidente Gustavo Petro radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación para 2027, una propuesta que asciende a $575,6 billones, monto equivalente al 27% del Producto Interno Bruto (PIB).De acuerdo con la información presentada por el Ejecutivo, la iniciativa busca garantizar la continuidad de los programas sociales, así como mantener la inversión pública y las transformaciones que, según el Gobierno, han contribuido a mejorar la calidad de vida de millones de colombianos.
El proyecto de presupuesto fue presentado oficialmente ante el Congreso, donde iniciará el trámite legislativo correspondiente para su discusión y análisis.Según lo expuesto por el Gobierno nacional, la propuesta mantiene como prioridad la protección del gasto social y contempla una asignación cercana a los $90 billones para inversión pública. Además, señala que el presupuesto conserva una senda de consolidación fiscal orientada a fortalecer la estabilidad económica del país. En esa línea, el Ministerio de Hacienda aseguró que el proyecto combina responsabilidad fiscal con compromiso social, está alineado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y proyecta el retorno pleno a la regla fiscal a partir de 2028.De acuerdo con el proyecto presentado por el Gobierno, $367,6 billones se destinarán a los gastos de funcionamiento del Estado, lo que representa un incremento de 0,5% frente al presupuesto de 2026.
A esto se suman $118 billones para el servicio de la deuda, un rubro que crecería 17,5% en comparación con el año anterior. Dentro de ese componente, el pago de intereses registrará un aumento de 27,6%, reflejando una mayor carga financiera sobre las cuentas públicas.En materia de inversión, la propuesta contempla recursos por $89,9 billones, un crecimiento nominal de 0,5% frente a 2026. Sin embargo, aunque el monto aumenta en términos absolutos, su participación dentro de la economía disminuirá al representar una menor proporción del Producto Interno Bruto (PIB).Con esta iniciativa, el Ejecutivo plantea los recursos que financiarán el funcionamiento del Estado durante la vigencia de 2027, con énfasis en la continuidad de las políticas sociales y el desarrollo de proyectos de inversión.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el presupuesto también garantiza los recursos necesarios para atender las prioridades sociales del país,… La distribución de los recursos públicos entre la Nación y las regiones tendrá nuevas reglas si avanza en el Congreso el proyecto de ley de competencias presentado por el Gobierno nacional. La iniciativa busca establecer cómo se repartirán las responsabilidades y los recursos entre departamentos, municipios, distritos y territorios indígenas tras la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP).El proyecto fue radicado como el desarrollo normativo de la reforma constitucional aprobada en 2024, la cual definió un aumento gradual de las transferencias que reciben las entidades territoriales.
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