NewzUn agente de la Policía Nacional de República Dominicana recibió una condena de 20 años de prisión por trata de personas con fines sexuales, el caso más grave de complicidad estatal detectado en 2025. El dato figura en el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado esta semana.El documento confirma que el país se mantiene en el Nivel 2 de la clasificación estadounidense, la misma categoría que ocupaba en el reporte anterior. Esa posición agrupa a naciones que no cumplen totalmente los estándares mínimos contra la trata, pero que muestran avances sostenidos.El gobierno dominicano respondió con una lista de medidas propiasTras la publicación, las autoridades dominicanas emitieron un comunicado con su propio recuento de acciones.
Mencionaron 1,050 inspecciones laborales en sectores de riesgo como agricultura, construcción e ingenios azucareros, 11 empresas suspendidas por indicios de trabajo forzoso y más de 7,400 trabajadores migrantes formalizados mediante contratos.República Dominicana se mantiene en el Nivel 2 porque, pese a reformas legales y más condenas, el país no identifica ni investiga suficientemente los casos de trabajo forzoso, en especial en zonas rurales, y carece de refugios especializados para hombres víctimas del delito.En julio de 2025, el país modificó la Ley 137-03 para elevar las penas de prisión por trata de personas: de un rango de 15 a 20 años pasó a 20 a 25 años, con las multas correspondientes.Las condenas subieron, pero las investigaciones cayeron a menos de la mitadDurante 2025, los tribunales dominicanos condenaron a 30 traficantes, frente a 11 el año anterior. De ellos, 29 fueron sentenciados por trata sexual y uno por trabajo forzoso, con penas de entre seis meses y 20 años de prisión.El contraste llega por el lado de las pesquisas. El gobierno investigó 94 casos de trata en 2025, una caída marcada frente a los 229 registrados en 2024.
Los procesamientos, en cambio, aumentaron de 50 a 73 presuntos traficantes.Washington subraya que esa reducción en las investigaciones coincidió con una concentración casi total de los recursos policiales en la trata sexual urbana. El trabajo forzoso en el campo quedó relegado, pese a que el propio informe reconoce riesgos conocidos en sectores como el café, la construcción y la caña de azúcar.Reforma legal en julio: penas más altas y prescrip… El oficialismo de La Libertad Avanza es muy optimista y cree que la oposición no logrará el quórum para sesionar en la Cámara de Diputados el próximo 15 de octubre, cuando pretende tratar y derogar el DNU 70/2023.
La expectativa positiva creció luego de conocerse que la Corte Suprema suspendió este viernes el artículo del megadecreto que derogaba la Ley de Tierras, por lo que se restablecieron los límites sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.La decisión del Máximo Tribunal coincide temporalmente con las gestiones que está realizando la Casa Rosada para dar de baja la pretensión de la oposición de derogar el DNU 70, algo a lo que aspira desde el momento mismo en el que fue publicado —diciembre de 2023—, pero que no consiguió apoyo de bloques provinciales y aliados que son fundamentales para conseguir la mayoría absoluta.Esta iniciativa de la oposición más dura había vuelto a tener alguna posibilidad luego de que la Corte rechazara la judicialización del artículo 154 del DNU por parte del Centro de Ex Combatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata. Los jueces alegaron que no tenían legitimación para invocar la protección de soberanía, por lo que la derogación de la Ley de Tierras había vuelto a quedar vigente. Por eso, los legisladores contrarios al Gobierno propusieron voltear la totalidad del decreto y que las restricciones volvieran a estar vigentes.“Si eso se produce, prácticamente se cae el Gobierno”, dijo tajantemente una altísima fuente de la Casa Rosada a Infobae.
Y es que la medida resulta la base de la desregulación económica que inició la administración nacional que comanda Javier Milei. En total, la normativa contempla 366 artículos con derogaciones en leyes varias y nuevas reglamentaciones.Como el artículo 154 del DNU se trata de un proceso colectivo, la Corte debió resolver primero el caso del CECIM, pero una organización ambiental (Asociación Civil Árbol de Pie) también había judicializado esa misma cuestión bajo un argumento diferente: se invocaba el derecho a un ambiente sano. Finalmente, esta mañana se conoció que el Máximo Tribunal dictó una medida cautelar interina hasta que los tribunales inferiores analicen la cuestión.Esto le da tiempo al oficialismo para resolver la cuestión de la Ley de Tierras por una vía política.
Es por ese mismo motivo que hay bloques aliados que ya les comunicaron a los espacios más opositores que no dar… El Departamento de Estado de Estados Unidos ubica a Honduras en el Nivel 2 de su Informe sobre Trata de Personas de 2026. La clasificación incluye a los países cuyos gobiernos no cumplen por completo las normas mínimas establecidas por la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata, pero realizan esfuerzos considerados significativos para alcanzar esos parámetros.El Nivel 2 no implica que el país haya resuelto el problema.
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