NewzEl Gobierno argentino informó que intimó al Reino Unido para frenar en un plazo de dos semanas las operaciones para la explotación de hidrocarburos en el proyecto “Sea Lion” y anunció que comenzará con el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.En un comunicado de la Oficina del Presidente, el Poder Ejecutivo remarcó que Cancillería y los equipos jurídicos comenzarán con este proceso con el objetivo de “impedir la explotación ilegítima de los recursos hidrocarburíferos en la Cuenca Malvinas Norte, a través del proyecto denominado Sea Lion, así como la adopción de cualquier otra medida susceptible de agravar la situación”.El documento, firmado por el presidente Javier Milei, establece que, de no cumplirse ese requerimiento en el plazo fijado, la República Argentina solicitará al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) las medidas provisionales necesarias para preservar sus derechos soberanos sobre la Plataforma Continental. La intimación fue cursada de forma oficial al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y representa la escalada más concreta del reclamo argentino desde el anuncio de sanciones del 3 de septiembre.El texto presidencial también rechaza de forma categórica la respuesta británica a las declaraciones de Milei ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Según el comunicado, ni la denominación de las Islas Malvinas como “Territorio Británico de Ultramar” ni el referéndum unilateral celebrado en 2013, en el que el 99,8% de los votantes del archipiélago eligió permanecer bajo administración de Londres, alteran la existencia ni el objeto de la controversia de soberanía reconocida por las Naciones Unidas.
La posición argentina sostiene que ese pleito debe resolverse a través de negociaciones bilaterales, conforme al mandato de los organismos internacionales.Además de la intimación, el mandatario ordenó dar inicio de forma urgente a procedimientos sancionatorios y denuncias penales contra la empresa THALES UK LIMITED, luego de que se detectaran operaciones en la ruta aérea Islas Malvinas-Punta Arenas realizadas mediante una aeronave con matrícula del Reino Unido y sin autorización de las autoridades argentinas. El Ejecutivo también instruyó a los equipos de gobierno para avanzar en las gestiones diplomáticas correspondientes en relación con ese caso.El respaldo … Washington, 28 sep (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos está planteándose compartir información sobre pasaportes con otras agencias y con asociaciones sin ánimo de lucro antes de las elecciones de medio mandato del próximo noviembre para identificar a ciudadanos censados incorrectamente, según adelantó este lunes The Hill.El objetivo de compartir la información es "proteger los datos de los estadounidenses, prevenir el fraude y respaldar la integridad de la ciudadanía estadounidense", según indicó a la publicación un representante del Departamento de Estado.El Departamento de Estado tendría intención de publicar próximamente un aviso en el Registro Federal, la publicación diaria oficial del Gobierno Federal, en el que propondría compartir "información contenida en el sistema de registros de servicios de pasaportes" con otras agencias federales.Esos registros contienen información personal de todas las personas que han solicitado un pasaporte estadounidense.Esta potencial medida se da a conocer después de que el viernes pasado el Tribunal Supremo permitiera que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda aplicar un sistema de recopilación de datos de ciudadanía para encontrar votantes que no tengan la ciudadanía y que estén inscritos en el censo en las próximas elecciones legislativas.La decisión supone una victoria para el mandatario y permite que la herramienta pueda utilizarse ya en los comicios de medio mandato del 3 de noviembre en los que el Partido Republicano se juega el control del Congreso.
El sistema en línea, conocido como SAVE, combina las bases de datos sobre ciudadanía, números de la Seguridad Social y otros datos confidenciales sobre millones de estadounidenses.Demócratas y algunos grupos de defensores del voto temen que un gran número de votantes puedan quedar fuera de las elecciones al considerar que las bases de datos producir "falsos positivos" e identificar como no ciudadanos a personas que sí pueden votar, especialmente gente que se haya nacionalizado estadounidense.Las legislativas del próximo 3 de noviembre renovarán por completo la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, y en ellas los republicanos se juegan la exigua mayoría que ostentan en ambos hemiciclos.
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