Juliana Guerrero, un individuo previamente vinculado al Gobierno de Gustavo Petro, firmó un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación tras admitir su responsabilidad en la obtención irregular y uso de títulos falsos de la Fundación San José. Como consecuencia directa de estos hechos judiciales, la Embajada de Estados Unidos procedió a revocar la visa de Guerrero y la de una de sus hermanas, sumándose a la negación de los permisos de viaje de sus padres ocurrida días antes.
En respuesta a estos acontecimientos, Gustavo Bolívar reaccionó públicamente a la confesión de la joven, señalando que ella debe responder legalmente por sus actos. Asimismo, Bolívar afirmó que existen otros casos de falsificación de títulos universitarios perpetrados por personas poderosas en el país, poniendo de relieve una problemática más amplia relacionada con la adulteración de credenciales académicas.
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