NewzLa suerte que correría el Presupuesto General de la Nación, que se caería por aparentes vicios de trámite, entregaría un alivio a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que salvaría un importante monto en caso de que el articulado aprobado por las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes no entre en vigencia, como se prevé pasará.El tribunal transicional, que había sufrido un ‘tijeretazo’ de $181.402 millones de cara a la vigencia del 2027, lograría evitar, al menos, que $11.402 millones de esa reducción aprobada se ejecute. Lo anterior, debido a que las modificaciones hechas por las corporaciones no entrarían en vigencia, y el presupuesto se expediría por decreto.El ajuste que se revertiría corresponde a una proposición aprobada durante el debate en plenarias, que buscaba trasladar recursos de inversión de la JEP al Ministerio de Defensa para el pago de indemnizaciones a familiares de integrantes de la fuerza pública, víctimas de las extintas Farc. Y que fue hecha por la bancada del Centro Democrático.El recorte de $ 170.000 millones se mantendría en el decretoLa medida, sin embargo, no eliminaría el recorte principal que ya había aprobado el Congreso en primer debate.
En esa etapa, las comisiones económicas conjuntas avalaron una reducción de $ 170.000 millones para la jurisdicción especial, en una iniciativa promovida por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.El posible decreto presupuestal retomaría el texto aprobado en primer debate, ante la diferencia que surgió entre las versiones avaladas por las plenarias de Senado y Cámara en el artículo 65, enfocado en operaciones de cobertura para mitigar riesgos fiscales, sin que hubiera una conciliación antes del vencimiento del plazo constitucional.De confirmarse que el trámite legislativo aprobó una ley que tuvo inconsistencias en su trámite, el Ejecutivo tendría que adoptar por decreto el proyecto aprobado en las comisiones económicas, que además de dejar en firme el recorte al tribunal, no incluye importantes adiciones a sectores como salud, educación y energía, entre otros.Cabe destacar que esos $170.000 millones afectan a dos rubros: $140.000 millones de inversión y $ 30.000 millones de funcionamiento. De acuerdo con la propuesta presentada durante el primer debate, una parte de esos recursos tendría como destino la rama judicial, en pro de que se adelante una descongest… La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández advirtió que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 quedó en riesgo por una diferencia entre las versiones aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes.
La controversia se concentra en el artículo 65, que no fue sometido a la conciliación obligatoria antes del plazo legal.El trámite debía completarse antes de la medianoche del 20 de octubre de 2026, fecha límite para expedir la Ley de Presupuesto. Hernández sostiene que, al no unificarse los textos, el proyecto no puede convertirse en ley porque quedó pendiente una etapa del procedimiento constitucional.La discrepancia se originó en una modificación propuesta por el senador Juan Fernando Caicedo, del Centro Democrático, para permitir estructuras de cobertura de riesgos vinculadas con operaciones del Ministerio de Hacienda. Caicedo retiró la solicitud durante la plenaria del Senado, mientras que la Cámara aprobó después una versión que todavía incluía esos parágrafos.Según el reglamento del Congreso y la Constitución Política de 1991, cuando ambas cámaras aprueban textos distintos deben conformarse comisiones de conciliación.
El texto unificado debe regresar a las plenarias para su aprobación definitiva, pero la diferencia apareció después de la votación y no hubo tiempo para conciliarlo, someterlo a consideración de las cámaras y enviarlo a sanción presidencial.Con una visión similar, el expresidente de la República Gustavo Petro dijo en sus redes sociales que el proyecto de ley tiene irregularidades en la distribución de recursos, en especial, en el apartado del sector salud. “El presupuesto general no puede ser expedido como ley, no tiene el mismo texto lo aprobado por senado que en cámara. Tiene un inmenso mico: aprueba 5 billones para pagar cuantas de las EPS que son empresas privadas (sic)”, escribió en su cuenta de X.El exjefe de Estado también cuestionó la manera en la que el Gobierno nacional quiere afrontar la crisis financiera de varias de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Según Petro, el Ejecutivo solo debería responder por las aseguradoras que tengan inversión estatal.“El gobierno solo puede pagar sus responsabilidades en deudas de EPS públicas nacionales o mixtas. Solo existe una: la Nueva EPS cuya mitad accionaria pertenece al gobierno nacional (sic)”.Y agregó: “Congresistas del Pacto Histórico encontraron el gran err…
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