NewzEl Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) emitió órdenes de detención migratoria contra dos dominicanos indocumentados arrestados en relación con el presunto apuñalamiento de un detective del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que se encontraba fuera de servicio en El Bronx.El incidente ocurrió el 2 de octubre en el sector de Norwood, según informó el ICE, que cuestionó las políticas migratorias de la ciudad de Nueva York y su negativa a cumplir con las solicitudes de detención de inmigrantes bajo custodia local.Los dos dominicanos señalados son Dangelo Rafael Jean Caraballo y Sneider Mejía Bautista, cuyos antecedentes y situación migratoria fueron mencionados por la agencia federal en un comunicado.Según el ICE, el historial de Jean Caraballo en Nueva York incluye arrestos por presunta posesión ilegal de un arma de fuego cargada y amenazas con un arma.En el caso de Mejía Bautista, la agencia indicó que un juez de inmigración ordenó su deportación para el 8 de mayo de 2025. En octubre de ese año, el ICE emitió una orden de detención migratoria tras su arresto por un presunto intento de posesión ilegal de armas.La agencia federal sostuvo que las autoridades de la ciudad se negaron a cumplir esa solicitud de detención. RELACIONADAS Actualidad “Lo hice para comer”, dice dominicano acusado de apuñalar a detective de Nueva York Actualidad “Casi muero”, el detective dominicano del NYPD relata cómo sobrevivió a un asalto en El Bronx ICE cuestiona las políticas de santuarioEn su declaración, el ICE criticó las políticas de santuario de Nueva York, que limitan la cooperación de las autoridades locales con los organismos federales de inmigración en determinadas circunstancias.“La negativa de la ciudad de Nueva York a acatar las órdenes de detención del ICE y la liberación reiterada de extranjeros deportables tienen consecuencias graves e inaceptables, incluso para los agentes del orden público que juraron proteger la ciudad”, afirmó la agencia.El organismo también sostuvo que esas políticas ponen en riesgo a los residentes y a los agentes policiales al permitir que inmigrantes indocumentados con antecedentes penales permanezcan en las comunidades.
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