NewzUn tribunal colegiado de la ciudad de Neuquén será el encargado de juzgar a M.G.S, un varón acusado de haber cometido abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal contra su vecina, hechos que habrían ocurrido en julio de 2025. “Voy a volver”, le dijo en una oportunidad. La decisión de conformar un tribunal de estas características responde a un pedido de la asistente letrada Analía García, representante del Ministerio Público Fiscal, quien consideró que la gravedad de los delitos y la expectativa de pena así lo requerían.El caso, que ha generado inquietud en la comunidad local, involucra tres hechos distintos, todos ellos en concurso real.
Según la acusación, M.G.S habría aprovechado una situación de confianza inicial para ingresar sin autorización al domicilio de la víctima, quien residía en el mismo complejo de departamentos. Este punto fue central en la presentación de la Fiscalía.De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Neuquén, la noche de los acontecimientos, víctima e imputado habrían compartido una reunión junto con otras personas en uno de los departamentos del complejo. Una vez finalizado el encuentro, la mujer regresó a su vivienda.
Momentos después, el acusado habría ingresado sin permiso y fue ahí cuando cometió los abusos. La situación, que se desarrollaba en un contexto de vulnerabilidad para la denunciante, fue interrumpida abruptamente por un ruido externo. Esta interrupción motivó la huida momentánea del imputado.Según el medio local LMNeuquén, el imputado aseguró que regresaría.
Ante esta amenaza, la víctima optó por permanecer a oscuras y encerrada en su hogar. Cuando el imputado regresó y no obtuvo respuesta, finalmente decidió marcharse del lugar. Este detalle, según la fiscalía, refuerza el carácter intimidatorio de la conducta y la percepción de peligro permanente por parte de la víctima.De acuerdo con la información difundida, la expectativa de pena para los delitos imputados oscila entre más de tres años y menos de quince de prisión.
Este rango fue determinante para que la representante del Ministerio Público Fiscal solicitara la intervención de un tribunal colegiado, mecanismo previsto en la normativa cuando la pena supera ciertos umbrales. La solicitud de la fiscalía fue avalada por el juez de garantías Lucas Yancarelli, quien presidió la audienci… Un ex intendente de la localidad de San Carlos, provincia de Salta, fue imputado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público.
Se trata de Héctor Raúl Vargas, el dirigente que estuvo al frente de la gestión entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023.Como resultado de una audiencia de formalización de la investigación penal, la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC) le atribuyó cargos como supuesto autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público, tres hechos de peculado y dos de falsedad ideológica de documento público, en relación con la compra y venta de terrenos para un loteo social, manejo de fondos nacionales y retiros de una cuenta municipal por más de $64 millones.En la causa que se encuentra bajo investigación se abarcaron hechos presuntamente cometidos durante la gestión de Vargas en la Municipalidad de San Carlos. Durante la audiencia, el ex jefe comunal fue asistido por un abogado particular y optó por no declarar ni responder preguntas de la Fiscalía.De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta, la primera denuncia fue presentada por un concejal en mayo de 2023, en donde señaló que en julio de 2021 el acusado habría adquirido a nombre de la municipalidad un inmueble de tres hectáreas y 1.500 metros cuadrados por $15 millones sin contar con autorización del Concejo Deliberante.Desde entonces, los concejales habían solicitado que remita la documentación correspondiente a la transacción. Sin embargo, esta no fue presentada hasta abril de 2023, luego de que las autoridades locales realizaran reiterados pedidos sobre la cuestión.A partir de esta denuncia, el Gabinete de Delitos Económicos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) detalló que por la venta de los lotes, el municipio recibió $16.883.100, de los cuales se utilizaron $15 millones para la compra del inmueble.
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