NewzDespués de dos semanas de viajes y, pese a que habrá otros senadores que sumarán millas dentro de poco, el oficialismo intentará reactivar la agenda y acelera un acuerdo con la oposición dialoguista para modificar ley de salud mental, un tema delicado que genera un constante ida y vuelta entre el Gobierno y las provincias.Hasta la noche del jueves último, la intención de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara alta, que comanda la porteña Patricia Bullrich (Capital Federal), era realizar una conferencia en los próximos días para anunciar los cambios trabajados en los recientes días con aliados, según confiaron desde diversos bloques a Infobae. El texto final no está cerrado.Este medio obtuvo, durante el transcurso de la semana, un borrador de dictamen que fue girado a las bancadas. En particular, a los senadores que forman parte de las comisiones que trabajan el tema: Salud; y Legislación General.
Ambas son presididas por mileístas: Ivanna Arrascaeta (San Luis) y Nadia Márquez (Neuquén), respectivamente.Un primer punto a considerar es la dosis de intervención de los psicólogos -necesarios- no sólo durante el proceso de una internación -como contó semanas atrás Infobae-, sino en una casi equiparación con psiquiatras a la hora de tomar la decisión principal en una eventual internación. Desde dos despachos reconocieron, por lo bajo, la llamativa -y fuerte- presión que partió desde ministerios de salud de gran parte del interior del país. Por ahora no lograron quebrar esa barrera y los médicos primarían -con lógica- en ese sentido.Otro ítem a contemplar es cómo y dónde tendría que interactuar la pata judicial.
La idea es no judicializar, pero sí que sean notificados y formen parte del sistema”, expresaron desde un despacho a este medio. También habrá aclaraciones relacionadas con internaciones en contra de la voluntad del paciente.Sobre esta cuestión, aparece un inciso -el “q”-, que señala que “toda persona con plena capacidad puede consentir o rechazar anticipadamente determinados tratamientos y decisiones relativas a su salud mental, así como designar a una o más personas para que expresen su consentimiento cuando no pueda hacerlo por sí misma”. En tanto, las directivas deberán “ser aceptadas por el equipo interdisciplinario interviniente, salvo aquellas que constituyeran riesgo grave de daño para la vida o la integridad f…
Desde la pandemia, la salud mental se ha convertido en la principal preocupación sanitaria de los españoles. El estrés y las dificultades de la vida diaria pesan cada vez más sobre los ciudadanos, según el último informe de Ipsos, pero un 44% se abstiene de pedir ayuda. Algunos, por vergüenza; otros, por miedo al estigma; y muchos de ellos, simplemente, porque no se lo pueden permitir.
La Encuesta de Salud de España le pone cifra a este problema: el informe, publicado en 2025 y elaborado en 2023, expone que 1.356 personas necesitaron asistencia psicológica y no la consiguieron por motivos económicos. La falda de fondos afecta sobre todo a la población de entre 25 y 64 años (1.002,4), aunque la mayoría de ellos tengan un trabajo (716,4 del total). El problema viene por la falta de una alternativa pública eficiente: el Sistema Nacional de Salud (SNS) emplea a seis psicólogos por cada 100.000 personas, mientras que en la OCDE la media se acerca a los 18 profesionales por cada 100.000.
“Muy pocos pueden acceder al sistema público, está colapsado y tiene unas listas de espera enormes”, lamenta Fernando Chacón, vocal adjunto del Consejo General de la Psicología de España (COP). Esta situación “obliga a la gente a ir a la privada”, apunta.Un sector público sin recursosEn 2025, casi un 20% de los españoles necesitó atención sanitaria por un problema de salud mental. Más de la mitad lo intentaron en la sanidad pública y allí no fueron atendidos por un psicólogo, sino por un médico de cabecera (38,4%) o un psiquiatra (39,4%).
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